Aumentan los casos de fuga de dinero en comuna de JLO

Una presunta red de tramitadores -junto a trabajadores ediles- estaría operando al interior de la municipalidad de José Leonardo Ortiz.

A la fecha, la procuraduría de esta entidad edilicia identificó diecinueve casos que vinculan a servidores con la emisión de documentos y pagos falsificados.

Evitando los controles de distintas áreas, este mecanismo permitió evadir el cobro de impuestos por montos que aún determina la municipalidad.

HECHOS

“Nadie puede hacer un trámite fuera de la municipalidad y en el área que no le corresponde. Queremos que los recursos ingresen”, advirtió la autoridad tras mostrar documentos identificados con firmas y sellos de la municipalidad.

Son diecinueve denuncias que ya han sido presentadas el pasado 19 de marzo por la procuraduría municipal a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz por indicios de presunta falsificación.

Trece de ellas corresponden, según explicó la procuradora Maritza León Cachay, a recibos por pago de alcabalas y otros impuestos adulteradas, licencias de funcionamiento y carnet de salubridad falsas. Los otros seis casos involucran partidas de matrimonio que no fueron realmente admitidas a trámite.

Estos hechos fueron inicialmente identificados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la municipalidad, que se instaló a fines de la anterior gestión, tras el envío de notificaciones de deuda a los contribuyentes.

De una lista de 85 deudores, salieron a la luz los recibos de pago con información -presuntamente falsificada- que no tenía correlación con la base de datos del SAT.

La actual gerente general de este sistema tributaria, Maryories Rengifo Montaño, explicó que los deudores presentaron copias de recibo con un código y número adulterados.

Aunque el contribuyente señalaba haber pagado la totalidad de su deuda por impuesto de alcabala, el código del recibo aparecía en el sistema del SAT a nombre de otro contribuyente y por un concepto de deuda distinto.

“En algunos casos existe el recibo, pero por un importe menor y por concepto de capacitaciones deportivas. En realidad, el contribuyente pensaba que pagaba el impuesto de alcabala”, explicó la gerente general del SAT.

Estas inconsistencias fueron notificadas por dicha funcionaria al gerente de la municipalidad distrital, José William Pérez Delgado a través de diferentes documentos.

Por ejemplo, en el oficio N° 010-2019 se informó la denuncia del contribuyente Victor Raúl Torres Sánchez, quien aseguró haber cancelado una deuda de S/3,244.50 por impuesto de alcabala.

La copia del recibo con código N° 001329 evidencia sello de caja cancelado por la municipalidad leonardina, con la fecha de emisión del 18 de febrero de 2015 (cuando aún funcionaba la gerencia de administración tributaria que luego sería reemplazada por el SAT).

“De la verificación realizada en el sistema de rentas de la municipalidad se ha constatado que el día 18/02/2015 solo se registra como pago por un concepto impuesto de alcabala el importe de S/977.00, no existiendo pagos adicionales”, concluye el oficio enviado por el SAT.

La diferencia en las cifras también se detectó en un caso más reciente que data del 9 de septiembre del año pasado, semanas antes de la creación oficial del SAT municipal.

Se trata de un recibo de pago N° 201800023503 por un importe de pago de S/10,020 que, en el sistema de rentas, aparecía por un monto de apenas S/5.68 y por un curso de “capacitación de educación”.

Incongruencias similares existen en otros recibos de pago que, por ejemplo, pasaron de S/8,445 a solo S/333 registrados en las arcas de la municipalidad y de S/10,673 a S/5.55.

En otros casos como el recibo de pago N° 010336, que señalaba un pago realizado por el contribuyente Enrique Montalbán Córdoba el 30 de enero de 2016 por un total de S/6,743, ni siquiera aparecía en el software de tributación.

“La información registrada en el sistema de la municipalidad de José Leonardo Ortiz no existe en el registro de pagos del sistema de rentas, lo que hace presumir una presunta falsificación de documentos y posible no entrega de dinero a las arcas municipales”, se lee en el oficio N° 0176-2019 remitido por el SAT.

IRREGULARIDADES

Uno de estos casos fue alertado el pasado 14 de marzo por la subgerencia de Habilitación Urbana y Edificaciones de la municipalidad.

Esta oficina envió un documento a la sede regional del Colegio de Ingenieros para confirmar la autenticidad de las firmas en la licencia de obra emitida para la construcción de un inmueble en el jirón Nicolás de Ayllón.

En dos expedientes técnicos del 21 de noviembre y 12 de diciembre de 2018 (N° 19071 y N° 19668, respectivamente) aparecía la firma del ingeniero civil César Carbonel Campos como delegado de la comisión revisora de proyectos y como profesional de estructuras.

Sin embargo, las firmas de este ingeniero en ambos expedientes se mostraban “totalmente diferentes”. En respuesta, la Comisión de Delegados Municipales de dicho colegio profesional confirmó la falta de veracidad en las firmas.

“Nos comunicamos con el ingeniero Carbonel Campos César Ergasto (...) el cual afirma que la firma no le corresponde”, ratificaron.