Bajo lupa gastos por S/ 450 mil en Poder Judicial
Bajo lupa gastos por S/ 450 mil en Poder Judicial

Escrito por Melissa Romero

Una serie de adquisiciones realizadas por la  fueron observadas por la Contraloría General de la República (CGR).

A través del informe N° 005-2020, se advirtieron de tres situaciones adversas que afectarían la transparencia del procedimiento de devengados, el cual está regulado por los sistemas de Presupuesto Público y Tesorería.

De la revisión de 20 expedientes de adquisiciones, el Órgano de Control Institucional (OCI) puso la lupa sobre 18 órdenes de compra y 2 órdenes de servicio para la adquisición de bienes y servicios, que suman S/ 450,972.

SIN SUPERVISIÓN 

En el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) se registró y contabilizó el gasto de las órdenes, sin que previamente la Unidad Administrativa y de Finanzas de la Corte haya autorizado el reconocimiento del devengado, lo que conllevó que la institución contraiga la obligación de pago a 15 proveedores, según los hallazgos del OCI.

También se detectó que en esta etapa del proceso no hubo la supervisión de los funcionarios para asegurar el cumplimiento de los requisitos y el correcto desempeño de la administración pública.

Esta conclusión se logró a través del análisis a la documentación que presentaron, entre el 02 y 17 de enero de este año, las oficinas de Planeamiento y Desarrollo, Contabilidad, Logística y Tesorería. Los gastos fueron contabilizados con los reportes alcanzados por Logística, en los que se detalla los bienes y servicios que fueron recibidos con sus respectivos informes de conformidad.

Un segundo hecho a considerar, de acuerdo al ente de control, es el registro del devengado de 7 órdenes de compra y 2 órdenes de servicios, que hacen un total de S/ 133,531 sin la presentación de la garantía del bien o servicio adquirido, que se estipula requerir al contratista. El incumplimiento del referido requisito hace que la entidad no pueda plantear un reclamo ante cualquier falla o defecto que pudiera afectar el uso o funcionamiento de los bienes o servicios contratados.

Además, estas contrataciones se tramitaron hasta el registro del devengado, pero no se indicó la obligación del proveedor de proporcionar la garantía de 1 año, que se comprometió a efectuar cuando trajo su cotización. Otra deficiencia se evidenció en el contrato a la empresa Cris & Nan SAC, para la instalación de farolas de iluminación led para la nueva sede de la corte, a un costo de S/ 8, 529, pues no se indicó el lugar de entrega, ni la oficina que otorgaría la conformidad. En ninguno de estos nueve contratos, la entidad fijó la posibilidad de aplicar una penalidad de hasta el 10 %, ante la demora del contratista.

En su defensa, la Unidad de Administración señala que la autorización se dio con la firma de los expedientes, pero para el OCI ello no sería suficiente, ya que no se verificó la documentación que acreditaba que los servicios y bienes fueron entregados en el plazo acordado con las empresas.