Chiclayo: Beto Torres y la red de “Los Limpios” un año después

Mientras Roberto Torres Gonzales, el cuestionado alcalde de Chiclayo, contaba los poquísimos días restantes para unos comicios en los cuales esperaba ser electo por tercera vez, un equipo de fiscales y policías habían tomado ya sus posiciones. La orden del Poder Judicial era clara: detención preliminar para 21 implicados en una presunta organización criminal que operaba desde el interior de la comuna. El 30 de septiembre del 2014, se convertía así en una fecha para la historia.

Un año ha pasado desde entonces y, si bien las indagaciones por parte de la Fiscalía continúan, no han sido pocas las sorpresas encontradas y que han sabido dar pistas sobre el verdadero alcance que habría tenido la red de Torres. Un caso emblemático que, además, tuvo parte de su prólogo en las páginas de Correo, donde ya se advertía sobre la sospechosa situación de ciertos “proveedores” durante la gestión de quien ahora es conocido como “El Jefe”.

PRIMERA LISTA. Exfuncionarios, exregidores, familiares e incluso un oficial de la Policía Anticorrupción fueron parte de la primera relación de implicados cuya captura fue solicitada por el Ministerio Público. La presunta red fue bautizada como “Los Limpios de la Corrupción” y, aquel martes en que comenzó su caída, fueron 10 las personas llevadas hasta la carceleta del Poder Judicial, dando inicio a un largo proceso en el que más de uno terminaría brindando información valiosa para descifrar este entramado en el cual se hablaba de delitos como corrupción de funcionarios, peculado, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

La captura del mismo Torres tomaría un poco más de tiempo. El exburgomaestre había logrado fugar y solo fue encontrado el 7 de octubre, escondido en una rústica vivienda del distrito de Lagunas-Mocupe. Pese a sus problemas de salud, “El Jefe” no logró evitar que 9 días después se ordenara su internamiento preventivo en el penal de Chiclayo (distrito de Picsi) por un plazo de 18 meses. Por entonces, varios de sus presuntos cómplices ya lo esperaban, mientras que bienes inmuebles, vehículos, joyas, dinero en efectivo e información de diferente índole, todo ello era incautado por la Fiscalía, en su búsqueda por comprobar las acusaciones contra “Los Limpios”.

No obstante, lo que marcaría el rumbo de la investigación sería el aporte de los colaboradores eficaces, como es el caso del signado con el código CE-14-2014. Durante la audiencia de prisión preventiva para “El Jefe”, el fiscal a cargo del caso, Lucio Zapata Orozco, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, dio a conocer el testimonio de dicho colaborador: Roberto Torres habría pagado hasta 160 mil dólares a miembros del Tribunal Constitucional y del Jurado Nacional de Elecciones, a cambio de ser favorecido en los procesos que tenía pendientes. Tales declaraciones marcaron un antes y un después, al dar a entender que los “tentáculos” de la presunta red criminal podrían haber llegado hasta las altas esferas del poder.

Tras varias idas y venidas, a la fecha son 11 los miembros de esta primera lista que están bajo prisión preventiva: el mismo Roberto Torres Gonzales, Katiuska del Castillo Muro (su novia), Martín Villanueva Velezmoro (exfuncionario de Epsel), Javier Valencia Gutiérrez (exgerente de Tránsito), Carlos Santa Cruz Alarcón (exgerente de Imagen Institucional), Joel Ugaz Cubas (policía anticorrupción), Norma Muro de Del Castillo (madre de Katiuska del Castillo), César Regalado Rodríguez (ex gerente general de la comuna), Juan Valdivia Goycochea (ex gerente general de Epsel), José Mires Rimarachín (empresario) y Jorge Incháustegui Samamé (exgerente de Urbanismo).

MÁS IMPUTADOS. La lista de “Los Limpios” crecería el 11 diciembre del 2014, cuando se ordena la captura de otras 10 personas que al parecer tendrían vínculos con la organización criminal. Aquel día, fueron detenidos: Ruth Zúñiga (exproveedora de la municipalidad), Misael Delgado Mendoza (ex gerente general de la comuna), Ciro Chávez Martos (quien ocupó el mismo cargo en su momento) y el exregidor Marco Arrascue Pasapera, quien fue puesto bajo comparecencia restringida. Los otros tres no corrieron la misma suerte y fueron internados en el penal de Chiclayo, al igual que José Baca Távara, exfuncionario de Epsel, después de entregarse a la justicia.

El 15 de mayo de este año, volverían a darse operativos para capturar, en esta ocasión, a 5 familiares de Beto Torres: Wilma Torres Gonzales (hermana), Mario Josué Lozano Zavala (conviviente de su hija), Víctor Napoleón Gonzales Torres, José Luis Llamo Torres y Humberto Llamo Torres (todos ellos primos del exalcalde). La detención de estos fue motivada por los indicios de que habrían ocultado dinero ilícito en sus viviendas, sin embargo, se encuentran actualmente bajo comparecencia restringida.

Quienes, a la fecha, también se hallan en esta situación son: Natalie Torres Alarcón (hija de Roberto Torres),Coeli Sarmiento Torres (exregidora), Rolan Alarcón Rojas (exregidor), Carlos Mendoza Oliden (exgerente de Infraestructura), Percy Quesquén Díaz (expresidente del directorio de Epsel), Luis Pérez Bracamonte (exseguridad de “El Jefe”), Luis Barrantes Piscoya (exchofer y proveedor), Hugo Matallana Peralta (exadministrador de la comuna), Víctor Cubas Llaguento (conocido como “el chanchero”, un proveedor cuyo caso fue difundido inicialmente por Correo) y William Castro Muñoz (exsubgerente de Presupuesto y Programación de la municipalidad de Chiclayo).

El pasado viernes 18 de septiembre, luego que la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Cecilia Grandez Rojas, hiciera un llamado a los fiscales a presentar mayores avances en sus indagaciones, la Fiscalía formalizó investigación preparatoria contra 54 imputados, muchos de ellos, representantes legales de empresas constructoras y proveedores.

De esta nueva lista, se ha solicitado prisión preventiva para 10 contratistas y 5 exfuncionarios, mientras que, para todos los demás, se ha pedido la comparecencia restringida. Todos ellos, por el momento, se encuentran en calidad de investigados, a la espera de lo que disponga el Poder Judicial.

La inclusión de estos contratistas guarda estrecha relación con los numerosos indicios de que una de las principales formas para hacerse con el dinero de la comuna por parte de “Los Limpios” habría sido el direccionar la entrega de la buena pro en los procesos de licitación para obras, previo pago de un “diezmo”.

Por este y otros motivos, Torres y el resto de los imputados en este caso deberán responder en un proceso que todavía tiene para largo.