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Rumor confirmado. Un nuevo faenón del exalcalde de Gonzales, prácticamente quedó corroborado, luego que la Contraloría General de la República detectara un perjuicio económico de casi 2 millones de soles en el contrato, firmado en el 2013, por la compra del local de la exmutual Chiclayo, donde hoy funciona la Municipalidad Provincial de Chiclayo - MPCh.

El acucioso trabajo indagatorio de la Oficina Regional de la Contraloría Norte llegó a su fin y Correo tuvo acceso al informe de este examen especial, el cual aportará más pruebas en la investigación que la Fiscalía le sigue al encarcelado, con prisión preventiva, Roberto Torres, por presuntamente liderar la red criminal “Los limpios de la corrupción”.

HALLAZGO 1. El examen especial a la Municipalidad Provincial de Chiclayo por la adquisición del bien inmueble (exmutual Chiclayo) por parte de la comuna expresa que, la transacción se hizo sin ningún fundamento técnico legal y utilizando recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y del Fondo de Compensación Municipal -Foncomun-, destinados a la ejecución de obras públicas, lo cual causó un millonario perjuicio económico al Estado, en este caso a la MPCh.

Una de las primeras conclusiones de la Contraloría luego de efectuar la revisión a los documentos entregados por la propia MPCh, es que “las autoridades y funcionarios de la citada comuna, sin fundamento técnico legal adquirieron mediante subasta pública el predio de la Mutual de Vivienda Chiclayo en liquidación ubicado en la calle Elías Aguirre N° 240- Chiclayo, utilizando para ello recursos transferidos por el Tesoro Público para financiar el Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal”, se lee en el informe.

Asimismo, añade que se utilizó recursos del Fondo de Compensación Municipal- Foncomun, destinado a la ejecución de obras públicas, habiendo efectuado pagos hasta por 8 millones 627 mil 669.24 soles, situación que ha generado un perjuicio económico al Estado de 1 millón 727 mil 117.37 soles, esto según el informe técnico de tasación de la Dirección Nacional de Construcciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, el cual señala que el valor comercial del inmueble adjudicado asciende a 6 millones 900 mil 187 soles.

MALVERSACIÓN. Este mismo examen especial arroja que sobre los recursos utilizados del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, estos fueron incorporados a la MPCh mediante Resolución de Alcaldía N° 0583-2013 del 10 de julio del 2013, para posteriormente destinarlos como parte del pago del inmueble adquirido a la Mutual de Vivienda Chiclayo en liquidación, tal como consta en el informe N° 326- 2013 del 10 de setiembre del 2013 emitido por William Casto Muñoz, gerente de Planeamiento y Programación de la MPCh.

Se debe resaltar que de acuerdo a ley, el Plan de Incentivos de la Gestión y Modernización Municipal fue creado como instrumento de Presupuesto Por Resultados (PPR), cuyo objetivo principal es impulsar reformas que permitan lograr el crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local, así como la mejora de su gestión en el marco del proceso de descentralización y mejora de la competitividad, razón por la cual, en el Artículo 5 de la citada ley, se establece expresamente la prohibición de no destinar a fines distintos los recursos transferidos en el marco de dicho plan.

Lo mismo sucedió con los recursos del Fondo de Compensación Municipal- Foncomun destinados a la ejecución de obras, pero que fueron utilizados para el pago de este inmueble.

“Así el concejo municipal mediante Acuerdo Municipal N° 062-2012 del 29 de diciembre del 2012 acordó por mayoría la siguiente distribución del Foncomun: 53% para Gastos de Inversión y 47% para Gastos Corrientes.

Sin embargo, se advierte que a través del comprobante de pago N° 007637 del 26 de setiembre del 2013, la MPCh pagó a la Mutual de Vivienda Chiclayo en liquidación el saldo que le adeuda por la adquisición del bien inmueble ascendente a 5 millones 809 mil 208.45 soles, recursos que según se desprende del mencionado comprobante de pago corresponde a la fuente de financiamiento del Foncomun”.

Esto también fue confirmado en su oportunidad por Fernando Fernández Bravo, subgerente de Tesorería y Finanzas de la MPCh.

Tal como en el anterior caso, la ley establece expresamente en este rubro la prohibición de no destinar a fines distintos los recursos transferidos en el marco de dicho fondo.

RESPONSABILIDADES. Tras estos hallazgos, la Contraloría desprende, basada en la ley, el grado y tipo de responsabilidades que tanto el alcalde Roberto Torres como el grupo de regidores y funcionarios ediles tendrían en todo esto.

“La situación expuesta revela que autoridades, funcionarios y servidores de la MPCh infringieron normas como la Ley Orgánica de Municipalidades (N° 27972), la cual en su Artículo 11°, Responsabilidad, impedimentos y derechos de loa regidores dice: Los regidores son responsables, individualmente, por los actos violatorios de la ley practicados en el ejercicio de sus funciones y solidariamente por los acuerdos adoptados contra la ley, a menos que salven expresamente su voto dejando constancia de ello en actas (…).

Además infringieron el Artículo 20°, Atribuciones del alcalde: Son atribuciones del alcalde defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos (…).

También violaron la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la cual en su Artículo X Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos dice: Las políticas de gasto público vinculadas a los fines del Estado deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica- financiera y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad macrofiscal, siendo ejecutadas mediante una gestión de los fondos públicos, orientada a resultados con eficiencia, eficacia, economía y calidad”, entre otros artículos.

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