La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), a través de una liquidación, contabilizó una ampliación de obra que fue aprobada sin sustento técnico. Esto sucedió en el marco del proyecto “Renovación del colector primario Bolognesi, desde la calle Faustino Sarmiento hasta la Av. José Leonardo Ortiz”, de acuerdo a un informe N° 005-2025 del Órgano de Control Institucional (OCI).

Extraño

En enero del año pasado, el Consorcio Aguas Negras, a cargo de la ejecución de los trabajos, presentó una carta al Consorcio Supervisor Ilucán para pedir la ampliación de plazo N°17 por un lapso de 13 días, debido a que entre el 6 y 19 de diciembre del 2024 tuvo que atender una afectación en la ruta crítica por la interferencia de concreto tipo canal.

Pero este supervisor declaró improcedente tal solicitud, argumentando que, según el Programa de Ejecución de Obra, todo lo concerniente al movimiento de tierras y tuberías en la ruta crítica terminó el 31 de mayo del 2024. Por lo tanto, la fecha invocada por Aguas Negras, es decir el 6 de diciembre, estaba totalmente fuera del plazo de ejecución.

Lo curioso en este caso es que para fines de enero de ese año, tanto la Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras y la Gerencia de Asesoría Jurídica de Epsel emitieron informes recomendando que no se otorgue la ampliación N°17. Incluso la Gerencia General de Epsel dio la resolución N°030-2025-EPSEL, declarando improcedente el pedido de dicho contratista.

Sin embargo, para ese momento el Consorcio había tramitado cinco pedidos de ampliación de plazo (N°14,15,16,17 y 18) por un total de 299 días. Solo la ampliación N°18 comprendía 217 días.

Como se terminaban las opciones, la empresa recurrió a la Junta de Resolución de Disputas (JRD) de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, consiguiendo que esa instancia le otorgue la razón en lo que correspondía a la ampliación N°18, mediante la resolución N°11. Es así que el plazo de la obra fue modificado, y ya no habría concluido en mayo del 2024, sino el 3 de enero del 2025.

La decisión de la JRD fue más que favorable para el contratista. En abril del 2025, el representante de Aguas Negras, Elías Campos Bautista, y la gerencia de Epsel firmaron un “Acta de Acuerdos”, que recoge los planteamientos de la resolución N°11 de la Junta, y eso sirvió para aprobar la tan discutida ampliación N°17. Un mes después, la gerencia de Epsel emitió una Fe de Erratas, indicando que la EPS aprobaba la ampliación N°17 y que el “Acta de Acuerdos” dejó sin efecto la resolución N°030.

Para el OCI los tratos entre la empresa y Epsel se alejan de lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado, ya que falta el sustento técnico. Al firmar el “acta”, el 22 de abril del 2025, la gerencia general no tuvo en cuenta el informe de supervisión y los cronogramas de ejecución.

Además, los hechos descritos anteriormente han derivado en que Aguas Negras exija a Epsel el pago de S/3 millones 419 mil 446 soles. Esta liquidación se encuentra pendiente desde abril de este año. Durante su indagación, el OCI encontró que la entidad solo ha recepcionado y tramitado los informes de liquidación del contratista y del supervisor, y que no ha emitido documentos en los cuales analice los cálculos presentados.

Decisiones que afectan la transparencia

Por el cambio de redes de alcantarillado y colectores en Chiclayo, la EPS también se encuentra en aprietos por la aprobación de una valorización, que incluyó metrados de partidas de adicional de obra, generando la cuantificación y valorización de metrados en sectores donde aún no se ejecutan trabajos. Ello afecta la transparencia y legalidad.