Un grupo de internos del Penal de Chiclayo demandó a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) - Zona Norte. A través de un recurso de hábeas corpus, los reclusos buscan que el Poder Judicial revoque las restricciones aún vigentes para las visitas al régimen cerrado especial.

Este pedido ya fue admitido a trámite por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, instancia que en los próximos días deberá pronunciarse sobre si procede, o no, la solicitud de los reclusos que cumplen penas de prisión en el establecimiento ubicado en el distrito de Picsi.

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Los internos Celso Quispe Condori, Denis D. Chávez Aquino y Neil A. Abad Mogollón formularon la demanda en contra del director regional del INPE, Walter Curo Apaza, y de la directora del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, Zulmi Nair Rivas Arana, por considerar que desde el mes de marzo del año 2020, a raíz de la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo, se dispuso una serie de medidas, dentro de ellas, se  suspendió la visita de los familiares de los internos y el ingreso de sus abogados defensores.

Una orden que, según los demandantes, se mantiene hasta el momento, a pesar de que el riesgo de contagio por la Covid-19 ha disminuido entre la población. En la documentación presentada al juzgado señalan que  los internos se encuentran vacunados en su mayoría al 89% con la tercera dosis.

Por este motivo es que solicitaron a la autoridad penitenciaria, se restituya en su totalidad la visita de sus familiares e ingreso de sus defensas legales, y esto en concordancia como se habría dispuesto en un Decreto Supremo.

Sin embargo, los demandantes aseguran no haber obtenido respuesta alguna, y para ello adjuntaron copias de las solicitudes que presentaron a la directora, Zulmi Rivas.

Antes de responder a la demanda, el juzgado notificó a la Procuraduría Pública del INPE los argumentos de la demanda, a fin de que el área legal alcance los descargos correspondientes en defensa  de la institución.

Asimismo, se pidió que Rivas explique sobre el estado de las solicitudes, debiendo adjuntar copias del pronunciamiento respectivo; todo ello bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de ser denunciada por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

Personal del INPE informó que la emergencia ya fue levantada en el Penal de Chiclayo y que los ingresos de familiares y abogados está volviendo a la normalidad paulatinamente.