Un informe emitido por la Contraloría confirma las irregularidades que frustraron la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio en 7 instituciones educativas del nivel inicial”, valorizado en más de 8 millones de soles.
Detalles
La buena pro de esta obra fue otorgada el 06 de octubre del año pasado al Consorcio Túpac Amaru, conformado por las empresas ACP Obras y Proyectos EIRL, Sinchi Pucara SRL y F&M Ingenieros Asociados SAC.
Un mes después, el gobierno regional firmó el contrato con dicho Consorcio por un monto total de S/8′306,045.10.
Dentro de las clausulas, se incluyó que el contratista podía solicitar el pago del adelanto directo por hasta el 15% del monto (es decir, S/1′245,906) en un plazo de 8 días posterior a la suscripción del contrato.
En base a esto, la representante común de las empresas consorciadas, Ángela Collantes Pinedo, solicitó el adelanto y a cambio, entregó una carta fianza al Gobierno Regional de Lambayeque (Gore), emitida por la Financiera Crediscotia.
La Contraloría señala en su informe de control específico N° 026-2021 que el documento llevaba la firma de Elis Pérez Mendoza como funcionario emisor de la carta fianza.
Sin embargo, los funcionarios de la entonces gestión de Anselmo Lozano Centurión no verificaron la autenticidad de este documento a pesar que se envió la carta fianza al jefe de Tesorería, Jorge Luis Chanamé Bernal.
Incluso, el entonces director de Supervisión y Liquidación del Gore, José Reyser Chinguel Calle, dio conformidad para que se haga el depósito del dinero al contratista.
Cabe indicar que la Oficina de Tesorería envió un documento a la Financiera Crediscotia, para que confirme la emisión de la carta fianza.
Pero la dirección electrónica a la que se envió el memorándum no era oficial ni de dominio de dicha entidad crediticia.
Pese a todo ello, el gobierno regional continuó con el trámite e hizo efectivo el pago del adelanto directo.
Recién después de desembolsarse el S/1′245,906 a favor del Consorcio Túpac Amaru, el gobierno regional recibió la respuesta de la financiera Crediscotia confirmando que la carta fianza era falsa.
Lo más grave es que luego de dos correos electrónicos enviado por dicha empresa, la oficina de Tesorería informó de las irregularidades. Para ese momento, en diciembre del 2020, ya se había dado inicio a la ejecución de la obra.
Aunque se resolvió el contrato con el Consorcio Túpac Amaru, el gobierno regional quedó impedido de recuperar un saldo ascenderte a S/994,869.70.
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