Contraloría denunciará a implicados en caso Olmos

La Procuraduría de la Contraloría General de la República asumirá el inicio de acciones legales contra las exautoridades y exfuncionarios que aparecen involucrados en las irregularidades halladas en la concesión del proyecto Olmos.

El ex gobernador regional Humberto Acuña Peralta, siete exconsejeros y otras nueve personas serían denunciadas a raíz de la auditoría hecha a las obras de trasvase del proyecto.

DETALLES

Según explicó, la procuraduría del Gobierno Regional de Lambayeque no iniciará las acciones legales correspondientes, debido a que estas serán asumidas por la propia Contraloría.

"La denuncia la hará el procurador de la Contraloría. A nosotros nos corresponde solo la parte administrativa. Como se trata de un monto bastante amplio, lo hará el procurador de la Contraloría", mencionó Lozano Centurión.

Fuentes de la Contraloría confirmaron esta versión a Correo tras el informe de auditoría N° 5658-2019 que publicó el referido órgano de control.

Este documento señala que el GRL no aplicó penalidades (por 9 millones de dólares) a la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (formada por dos empresas del grupo Odebrecht) por retrasos injustificados en las obras de trasvase.

Este hecho sumado a otras irregularidades provocaron un perjuicio económico de más de 17 millones de dólares al Estado, de acuerdo a la cifra estimada por Contraloría.

Para el órgano de control, tienen presunta responsabilidad penal los ex gobernadores regionales Humberto Acuña Peralta (por su período de gestión 2011-2014) y Nery Enni Saldarriaga (2008-2010).

De igual modo, Lázaro Villegas Agramonte, Miguel Arturo Bazán Zarate, Óscar Zeña Santamaría, Sara Maritza Mocarro Monja, Andrés Palma Gordillo, José Antonio Eneque Soraluz y Ana Elena Toro Gálvez, quienes fueron consejeros regionales entre 2011 y 2014.

Todos ellos podrían ser denunciados por la procuraduría de la Contraloría General de la República al igual que los ex gerentes generales del Proyecto Especial Olmos-Tinajones (PEOT), Juan Moisés Saavedra Jiménez y Pablo Enrique Salazar Torres, y el ex gerente general del GRL, Francisco Gayoso Zevallos.

La lista de involucrados se cierra con Mary Llontop Samillán, Víctor Manuel Sánchez Correa, exjefes de Asesoría Júridica del GRL; Víctor Ricardo Quijano Chávez y Luis Ramón González Velez, exjefes de Asesoría Jurídica del PEOT.

OBSERVACIONES

El acuerdo para la construcción, operación y mantenimiento de las obras de trasvase se firmó el 22 de julio de 2004.

Durante la excavación del túnel trasandino -una de las obras incluidas en el contrato de concesión- Concesionaria Trasvase Olmos solicitó al GRL la ampliación del período inicial o de construcción debido a estallidos de roca.

La concesionaria argumentó que los estallidos de roca no fueron previstos en su propuesta técnica y que ocurrieron en dos períodos denominados "Primer y Segundo Grupo de Eventos".

Contraloría descubrió que el PEOT pagó indebidamente mayores costos de obra de ese "Primer y Segundo Grupo de Eventos" (US$ 5'684,000) y el costo financiero del perjuicio económico a favor de Concesionaria Trasvase Olmos (US$ 3'010,000), que se acordó gracias a una Transacción Extrajudicial con el GRL.

Esta Transacción Extrajudicial se suscribió el 16 de septiembre de 2011 entre la concesionaria y el gobierno regional.

Adicionalmente, el GRL contrató a un experto en base a un acuerdo fijado mediante trato directo y no como parte de una conciliación o proceso arbitral.

El experto tuvo el encargo de calcular los mayores costos de obra derivados del "Primer y Segundo Grupo de Eventos". A este profesional, el GRL solo debía pagarle el 50% de sus honorarios a los 10 días de recibir sus informes finales de la determinación de los mayores costos.

Sin embargo, el pago se hizo a Jorge Alva Hurtado (el experto designado) dos meses antes de que cumpla con entregar sus informes. Todo ello habría originado un perjuicio de US$ 209,068.86.

Contraloría considera que todo esto se realizó en clara oposición a la normativa aplicable a las Asociaciones Público Privadas.