Corrupción en Lambayeque: al menos 1,600 casos a la fecha

Procurador Anticorrupción de la región señala que hasta el momento intervienen en 1,473 procesos por delitos como colusión, peculado, negociación incompatible, entre otros. Fiscalía especializada, mientras tanto, registra alrededor de 1,600 investigaciones
Corrupción en Lambayeque: al menos 1,600 casos a la fecha

Corrupción en Lambayeque: al menos 1,600 casos a la fecha

11 de Julio del 2018 - 09:16 » Textos: Luis Camasca » Fotos: Correo

En medio del turbulento panorama en el que, actualmente, se encuentran inmersas instituciones de la talla del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), conviene darle un vistazo a cómo se viene desarrollando la lucha contra la corrupción en esta parte del país.

Una de estas referencias proviene de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, cuya oficina descentralizada en Lambayeque, desde su creación y hasta culminar junio de este año, registra un total de 1,473 casos relacionados con delitos como colusión, cohecho, peculado, entre otros.

Asimismo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tiene al menos 1,600 investigaciones que dan cuenta del presunto mal actuar de autoridades y servidores públicos en diversas instituciones, tanto de la región Lambayeque, como de las provincias de San Ignacio, Jaén y Cutervo (Cajamarca).

DETALLES. Según indicó el procurador Anticorrupción de Lambayeque, José Neciosup Chancafe, la cifra mencionada incluye tanto los expedientes judiciales como las carpetas fiscales en las que su despacho tiene participación hasta el momento.

Además, mencionó que los casos más frecuentes están relacionados con los delitos de colusión agravada y colusión simple. La colusión, como se sabe, consiste en un acuerdo oculto entre dos o más personas para perjudicar a un tercero. Un ejemplo claro son las irregularidades que se advierten en algunas licitaciones de obras públicas “direccionadas” para beneficiar a un postor o empresa constructora en particular. Este tipo de casos, de acuerdo a lo dicho por Neciosup Chancafe, abarca aproximadamente un 30% del total.

“Los funcionarios saben que vivimos en un mundo globalizado, donde existen muchos medios a través de los cuales detectar irregularidades que, en ocasiones, se configuran en delitos, pero lo hacen”, expresó el procurador.

Agregó que, en cuestión de cantidad, a los procesos por colusión le siguen los relacionados con negociación incompatible (aprovecharse indebidamente de un cargo), peculado por apropiación (adueñarse de un bien del Estado para beneficio propio o de un tercero) y cohecho (soborno).

José Neciosup detalló también que los 1,473 casos que registran se encuentran en diferentes etapas: preliminar, preparatoria, intermedia, juzgamiento y ejecución. Sin embargo, señaló que la mayor parte están a nivel de investigación preliminar, lo cual representa un 40%.

“Estamos coordinando siempre con el Ministerio Público, mientras ellos ven el tema de la acción penal, nosotros nos preocupamos por la reparación civil. En ocasiones podemos discrepar académicamente o técnicamente, pero respetamos su trabajo como ellos respetan el nuestro”, refirió el abogado del Estado.

RECIENTES. Mientras tanto y desde su creación en el 2015, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del distrito fiscal de Lambayeque, que coordina la fiscal Magaly Quiroz Caballero, se tienen hasta el momento alrededor de 1,600 investigaciones por delitos como los mencionados.

Según se informó, de tales casos, solo 500 fueron ingresados a lo largo del 2017 y en lo que va de este año. Cabe indicar que, en enero último, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Mariana Vásquez Zagaceta, aseveró que el despacho Anticorrupción logró 32 sentencias contra funcionarios en la jurisdicción.

Entre los casos que se pudieron ver durante esta primera mitad del 2018, destaca el de la presunta banda criminal “Los Magos de la Ugel Cutervo”, compuesta por servidores responsables de elaborar planillas en la mencionada Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel).

Desde dicho cargo, estas personas se habrían apropiado de fuertes sumas de dinero que desviaban tanto a sus cuentas personas como a las de terceras personas. En enero de este año, 8 de los investigados recibieron una orden de prisión preventiva en su contra por 18 meses, mientras siguen siendo investigados por el delito de peculado.

Otra situación que causó impacto fue el de una coima de 500 soles solicitada por el efectivo policial Jorge Luis Montenegro Yampufé, de la Unidad de Investigaciones de la Comisaría de Atusparia. Tras la realización de un operativo, el agente fue capturado y en poco tiempo sentenciado a cuatro años de cárcel efectiva por el delito de cohecho pasivo impropio.

Aún más reciente es la orden de prisión preventiva contra dos trabajadores de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Juan Carlos Brenis Llaguento (45) y Luis Armando Mantilla Vásquez (43), quienes en este momento afrontan una orden de ubicación y captura a nivel nacional.

Ambos servidores son sindicados de apropiarse de más de 600,000 soles que habrían desviado a cuentas personas, también desde su puesto como encargados de elaborar planillas en la mencionada entidad.

Pero también existen indagaciones de las cuales aún se sabe poco, aunque no por ello han dejado de llamar la atención. En febrero último, el fiscal José Guevara Gilarmas lideró una intervención en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) para recabar información sobre supuestas irregularidades en los trabajos ejecutados en dos parques por parte de la actual gestión.

“LIMPIOS”. El caso “Los Limpios de la Corrupción”, donde se encuentra implicado el exalcalde Roberto Torres Gonzales, es tal vez uno de los más emblemáticos en su tipo.

En lo que va del año, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo ha logrado una condena de tres años de cárcel contra Katiuska del Castillo Muro, pareja sentimental de Torres, por el delito de colusión.

Asimismo, se condenó a 4 años de prisión a los exfuncionarios Martín Villanueva Velezmoro (cárcel suspendida) y Carlos Alberto Mendoza Oliden (efectiva).

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