La comunidad campesina San Pedro de Mórrope declaró personas no gratas al gobernador regional, Jorge Pérez Flores, y al presidente del Consejo Directivo del PEOT, Ranjiro Nakano Osores, porque estarían atentando contra el patrimonio de los comuneros.

“El gobernador, aprovechando el cargo que la región Lambayeque le otorgó, está pretendiendo subastar o regalar 1000 hectáreas más de tierras que pertenecen a nuestra comunidad campesina, desconociendo un proceso judicial en curso desde el año 2009”, consta en el pronunciamiento.

Asimismo, sostienen que Pérez Flores pretende arrebatarles sus terrenos con la intención de donarlos al Gobierno Regional de Cajamarca, pese a que, desde hace cientos de años, los comuneros ejercen “posesión ancestral” a través del sector Pañalá y asociaciones agropecuarias.

“No cederemos un solo centímetro de nuestras tierras comunales a un gobierno regional nefasto que solo ha demostrado incapacidad e intereses de terceros ajenos al desarrollo de nuestras comunidades”, manifestaron

Finalmente, anunciaron una marcha masiva hasta la sede del Gobierno Regional de Lambayeque, a fin de exigir respeto a su patrimonio cultural.

“Exigimos al Ministerio Público, autoridades y a toda la colectividad lambayecana a estar atentos, que estos hechos pueden resultar una provocación de graves consecuencias sociales, ya que nuestros hermanos comuneros vamos a hacer respetar a nuestra comunidad”, advirtieron.

RECHAZO. Al respecto, el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) respondió a la comunidad campesina que las 1,000 hectáreas en cuestión, son propiedad del Gobierno Regional de Lambayeque, pues forman parte del denominado Lote 3 – Remanente 3, inscrito en Registros Públicos a nombre del PEOT.

“No existe inscripción registral que reconozca a la Comunidad Campesina San Pedro de Mórrope como propietaria de dichas áreas, ni existe superposición de derechos de terceros en los Registros Públicos”, refirió

Respecto al proceso judicial que – según la comunidad campesina – sigue en curso, el PEOT reconoció que este sí existe, pero se encuentra estancado por inacción de los propios comuneros demandantes.

“Tras un largo periodo de inacción, el proceso fue concluido sin pronunciamiento de fondo en 2021. Aunque la resolución fue revocada en 2022 para continuar el trámite, desde 2023 la demandante no ha efectuado una serie de trámites solicitados por la autoridad judicial, lo que mantiene el proceso sin impulso y sujeto a archivo provisional”, acotó.

Además, enfatizó que no existe gravamen, carga, ni medida cautelar que afecte las 1,000 hectáreas, ni en el marco del proceso judicial mencionado ni en ninguna otra entidad. “Por tanto, el área se encuentra plenamente disponible para ser transferida conforme a la normativa vigente”, aseveró.

Por tal motivo, el PEOT afirmó que la transferencia de las 1,000 hectáreas al GORE- Cajamarca es legítimo.

“Obedece a un compromiso formal asumido por el GORE - Lambayeque, respaldado por acuerdo regional, como parte de un proceso de compensación y cooperación interregional, en el marco de la construcción del componente de trasvase del Proyecto Olmos. Este compromiso cuenta con soporte documental y se realiza en estricto respeto a la legalidad”.

Finalmente, el PEOT instó al Frente de Defensa de las Tierras Comunales a actuar con prudencia y respeto a las instituciones y “evitar acciones que puedan poner en riesgo la paz social y el desarrollo de la región”.

El PEOT inscribió los terrenos sin oposición ni observación en Registros Públicos en base al Decreto Supremo N° 017-99-AG y la Ley N° 27172.

VIDEO RECOMENDADO