Desde 2016, solo una clínica fue sancionada por Susalud

En los casi tres años desde que la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) instaló su sede en Chiclayo, solo una clínica de salud ha sido sancionada con una multa muy inferior al valor de Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

De los más de 13 procedimientos administrativos sancionadores que ha abierto esta entidad durante este tiempo, siete han sido resueltos sin ninguna sanción mientras el resto continúa en trámite.

DISCURSO. A fines de septiembre pasado, el intendente Macro Regional Norte de Susalud, Miguel Vela López, aseguró a diferentes medios locales que en los tres años de funcionamiento de esta entidad en la región se habían emitido 38 informes que recomendaban procesos administrativos sancionadores contra establecimientos médicos.

Lo que quizás olvidó mencionar el intendente en aquella oportunidad fue el resultado de estos procesos sancionadores. Es decir, cuántos de ellos se convirtieron en sanciones definitivas para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) tanto públicas como privadas.

A través de solicitudes de acceso a la información pública, Correo pudo conocer que solo entre los años 2017 y 2018, Susalud recibió 1930 casos por consultas, pedidos de intervención y quejas contra estos establecimientos médicos de Lambayeque.

Sin embargo, la Superintendencia solo emitió una sanción en los últimos tres años contra una clínica privada ubicada en Chiclayo.

CONTRADICTORIO. En un inicio, Susalud negó la existencia de alguna sanción impuesta durante este año a establecimientos de salud públicos o privados de la región.

“A la fecha, el Registro de Sanciones no cuentan con información sobre IPRESS Públicas y Privadas de Lambayeque que hayan sido sancionadas”, respondió a través de una carta.

Ante la insistencia de mayor información, la Superintendencia envió el detalle de los procedimientos administrativos sancionadores registrados desde enero de 2016 a la fecha.

Citando la Ley de Transparencia, la entidad supervisora agregó que no podía brindar información sobre aquellas investigaciones en trámite mientras “no se haya emitido resolución que ponga fin al procedimiento ” o haya transcurrido más de seis meses desde que se inició el proceso sancionador.

Pese a estas restricciones, la información proporcionada evidencia que solo ocho procesos fueron resueltos desde abril de 2016.

De este grupo, apenas uno concluyó en sanción contra la Clínica Chiclayo SAC por cometer una falta “leve” que solo motivó una multa de S/972.

Se trata de la infracción N° 21, según el reglamento de Susalud, que consiste en no contar con un plan de contingencia para emergencias y desastres o no demostrar su difusión y conocimiento por parte del personal.

Por este mismo hecho, también se inició un proceso administrativo contra Sisol Chiclayo, conocido como el “Hospital de la Solidaridad”, pero finalmente fue absuelto.

Sin ninguna sanción también se resolvieron las investigaciones contra los hospitales Luis Heysen Incháustegui y Almanzor Aguinaga Asenjo así como contra los centros de diálisis Nefro Care Perú SAC y Nefrología del Inka SAC.

En el caso de este último establecimiento, se le eximió de cualquier multa por la infracción N° 4 calificada como grave.

Esta consiste en “no realizar el control de los stocks o no realizar el abastecimiento oportuno de productos farmacéuticos o no dar la baja respectiva a los productos farmacéuticos, sanitarios o dispositivos médicos vencidos, deteriorados, sustraídos o robados”.

Adicionalmente, la Clínica Chiclayo también se salvó de una sanción iniciada el 15 de marzo de 2017 por no cumplir con las disposiciones de buenas prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos, sanitarios o dispositivos médicos.

EN PROCESO. Desde febrero de este año, existen dos procesos administrativos que aún no han concluido contra el centro de salud “San Antonio” y otros tres más contra el Hospital de la Solidaridad que incluyen una falta considerada como muy grave (brindar el servicio de salud con personal no autorizado).

A pesar de estas cifras, el jefe zonal de Susalud en Chiclayo, Alberto Tapia Sánchez, argumentó que la mayoría de casos denunciados ante esta entidad no concluyeron en procesos administrativos pues fueron resueltos “de manera inmediata”.

Sobre aquellos procesos donde no se sancionó por infracciones que incluso fueron calificadas como graves, Tapia Sánchez explicó que la decisión final proviene de la Intendencia de Fiscalización y Sanción, cuya sede se ubica en Lima.

Sin embargo, indicó que la investigación preliminar de las denuncias está a cargo del personal de Susalud en Chiclayo. 

“Hay un grupo menor de casos que pasa a una investigación de queja y que finalmente es otra intendencia la que calcula la multa correspondiente”, agregó.

En otro momento, el jefe zonal reconoció que hasta el momento la sede regional no está habilitada para realizar supervisiones a los establecimientos de salud.