Destituyen a 28 trabajadores de JLO por lío en torno a predio

Según resolución de gerencia municipal, ocuparon terreno de la entidad en base a una donación hecha en el 2008 que fue anulada, aunque la disputa por el bien continúa a nivel de registros públicos. Dirigente gremial señala que despidos son una “represalia”
Destituyen a 28 trabajadores de JLO por lío en torno a predio

Destituyen a 28 trabajadores de JLO por lío en torno a predio

05 de Septiembre del 2018 - 11:56 » Textos: Luis Camasca » Fotos: Correo

En medio de una larga pugna por la propiedad de un terreno, fueron destituidos 28 trabajadores de la comuna de José Leonardo Ortiz (JLO), entidad que defiende ser la dueña del predio y atribuye a dichas personas el haberlo ocupado de forma irregular.

Sin embargo, desde el sindicato de trabajadores, la versión de los hechos es distinta. El despido de los servidores es visto como parte de una “represalia” contra el gremio, enfrentado desde hace buen tiempo a la actual gestión edil por las demoras en sus pagos y otras circunstancias que, aseguran, no han hecho más que agravar la crisis en el municipio leonardino. Mientras tanto, la disputa por el bien sigue no solo a nivel de la Fiscalía, sino también y, sobre todo, en los registros públicos.

SANCIÓN. Todo el lío en cuestión gira en torno al terreno denominado “El Paraíso Santa Úrsula”, ubicado en la avenida Balta, frente a la institución educativa “La Anunciata” y donde alguna vez funcionó el vivero municipal.

Cabe mencionar que, entre los 28 municipales destituidos, figura Richard Arturo Véliz Chávez, quien es sancionado con fecha 30 de julio mediante la resolución de gerencia municipal N° 024-2018-GM-MDJLO. De acuerdo a lo consignado en el documento, dicho trabajador fue citado a declarar por el Ministerio Público tras una denuncia que presentó la municipalidad en su contra por presunta usurpación agravada.

Según la resolución, Véliz Chávez refirió que, el 11 de junio del 2017, alrededor de 50 trabajadores de la comuna tomaron posesión del terreno de aproximadamente una hectárea de extensión, localizado en el sector Nuevo Culpón. Esto “en base a un acuerdo municipal del año 2008 (...) entre los trabajadores y el entonces alcalde Javier Castro, en donde les dona esos terrenos para la construcción de viviendas multifamiliares”.

La resolución que sanciona a Richard Véliz es firmada por el gerente edil, Segundo Zeña Coronado, y en ella también se precisa que la donación fue a través del acuerdo municipal N° 079, del 3 de noviembre del 2008, que posteriormente fue dejado sin efecto. Bajo este y demás argumentos, Véliz y los otros 27 ediles son destituidos al considerarse su falta (invasión de terreno municipal) como “muy grave”. El asunto, sin embargo, no terminaría ahí.

EMBROLLO. Correo conversó con el secretario de Defensa del Sindicato de Trabajadores Municipales de José Leonardo Ortiz, Grimaldo Fernández Saucedo, quien narró que el predio “El Paraíso Santa Úrsula” fue adquirido inicialmente durante la gestión del exalcalde Luis Gasco Bravo, con la finalidad de construir un cementerio para el distrito. Esto nunca llegó a suceder y, con el tiempo, el lugar se convirtió en un basural.

Además de calificar la destitución de los ahora extrabajadores como una “represalia” contra el gremio, uno de los primeros puntos en lo que el dirigente difiere es en la fecha en que los servidores tomaron posesión del terreno. Según dijo, esto ocurrió alrededor de abril de este año y no en junio del 2017, como se consigna en la resolución de gerencia municipal.

“El lugar ya estaba por ser invadido y los trabajadores que no tenían vivienda optan por ponerse de acuerdo, toman el terreno y lo limpian por completo. Se instalan ahí, pero la municipalidad nunca hizo un documento pidiendo que el trabajador lo deje, se quedaron callados y después de unos cuatro meses, optan por traer al fiscal y hacer la denuncia”, afirma Fernández.

Lo que se señala a continuación es incluso más extraño. El secretario de Defensa indica que cuando la Fiscalía solicitó al municipio la documentación para demostrar que el predio es de su propiedad, la entidad no llegó a cumplir con esto, lo cual llevó a que el caso sea archivado.

REGISTRO. Consultado al respecto, el procurador edil, Enrique Romero Torres, aseveró que si bien la denuncia hecha por el municipio fue archivada hasta en dos oportunidades por el Ministerio Público, su despacho presentó una queja de derecho para que las indagaciones continúen. “El fiscal argumenta que no configura el tipo penal de usurpación, sino que es un proceso que se tiene que establecer a través de la vía administrativa”, indicó.

Romero aseguró que, en ese sentido, la investigación seguirá en marcha a la par de un proceso a nivel de registros públicos. Esto último lleva a la pregunta: ¿tiene o no la municipalidad documentos para acreditar que el terreno es de su propiedad? El procurador recalcó que el predio sí está inscrito a nombre de la comuna, pero que ”está mal inscrito, porque el perímetro que señala varía respecto al otorgado por Cofopri cuando fue donado”. Romero dijo que los trabajadores se aprovecharían de esta situación para intentar registrar el predio como nuevo, “inventando escrituras públicas”.

Cabe mencionar que el dirigente Grimaldo Fernández, al consultarle sobre por qué solo 28 de los trabajadores que ocuparon el terreno fueron sancionados, manifestó que fue debido a que estos presentaron documentos para intentar sustentar que tenían propiedad sobre el bien.

Enrique Romero, por su parte, señaló que se está regularizando el asunto del terreno “mal inscrito”. Incluso, dijo que la verdadera lucha está a nivel de registros públicos: municipalidad y trabajadores pugnan por ser los primeros en inscribir definitivamente el predio como suyo.

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