Elly Melissa Romero Zavaleta

Cuatro funcionarios de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo (SBCh) incurrieron en responsabilidades penales y administrativas al haber ejecutado un procedimiento de adquisición de dos vehículos para servicios funerarios al margen de la normativa de contrataciones. Esta es la principal conclusión del informe de control posterior N° 008-2024, que presentó el Órgano de Control Institucional (OCI). Ahí también se indica que el accionar de los empleados generó un perjuicio económico de S/ 21 mil 620.

A través de un análisis a los expedientes alcanzados por la propia Beneficencia, el OCI determinó que el comité de selección admitió, evaluó, calificó y otorgó la buena pro a la única oferta presentada por la empresa Sociedad de Automotores Inka S.A.C. El monto de contratación fue por S/ 216 mil 000.

Asimismo, se encontró que la entidad firmó contrato a pesar de que el contratista no acreditó la documentación requerida (experiencia en procedimientos similares), y luego la Beneficencia efectuó el pago por los bienes sin contar con la conformidad técnica operativa, aunado a ello se omitió aplicar otras penalidades por la entrega de tarjetas de propiedad y placas fuera del plazo.

Según el informe los miembros del comité serían los principales responsables del perjuicio económico y del incumplimiento de las normativas de contratación. Se trata de Carlos Alberto Gonzales Núñez, Carlos Emilio Heredia Tiparra (subgerente de Servicios Funerarios), Edgar Emerson Adrianzén Saona (Logística) y Nilton Emilio Chafloque Córdova (gerente general).

Los hechos evidenciados conllevarían que sean denunciados penalmente y que afronten procedimientos administrativos sancionadores. Carlos Tiparra, además de lo señalado, podría ser demandado en la vía civil.


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