En tanto, proveedora que inició actividades en el 2018  ha facturado casi medio millón de soles al Estado.
En tanto, proveedora que inició actividades en el 2018 ha facturado casi medio millón de soles al Estado.

La investigación a “Los Ediles de las Canastas” se ve frenada por el coronavirus y es que tras la detención de 5 funcionarios del municipio de y una proveedora, se confirmó que cuatro de ellos portan el Covid-19.

El fiscal Anticorrupción, José Guevara Gilarmas, indicó que una vez terminado el plazo de detención preliminar, que vence este sábado, los denunciados serán liberados.

Agregó que debido al resultado médico, las diligencias programadas, como los interrogatorios, no se efectuaron, pues los agentes policiales se negaron a prestar apoyo por temor al contagio.

El despacho de Guevara considera que la única salida es pedir ante el juzgado el arresto domiciliario para los seis imputados, a fin de asegurar que sigan respondiendo por su presunta responsabilidad en el delito de colusión agravada.

De otro lado, lamentó la negativa de los agentes policiales, que tampoco quisieron tomar las huellas dactilares por miedo, como sucedió en la Oficina de Criminalística (OFICRI), donde le respondieron que “el Comando ha dispuesto que los efectivos se abstengan de realizar diligencias” con procesados que hayan dado resultado positivo al test por Covid-19, así sea por prueba rápida.

UNA FACHADA

Para esclarecer las compras direccionadas de víveres durante la cuarentena en el distrito olmano, el despacho del fiscal Guevara había puesto todas sus expectativas en la proveedora, Luz Delgado de Escalante (70), sobre quien se sospecha solo sería una fachada para este tipo de negociados en municipios.

El día de su captura, ella fue encontrada en el asentamiento humano Saúl Cantoral del distrito de José Leonardo Ortiz.

Sin embargo, en las cotizaciones que presentó en el mes de abril a la referida comuna, consignó como domicilio legal, administrativo y procesal, la calle San Martín N° 870 del centro de Olmos.

Una consulta al portal Transparencia Económica arrojó que entre los años 2018 y 2020, dicha imputada logró contratos con los municipios de Ferreñafe (en dos oportunidades), Chochope, Salas y Olmos. Además, con los municipios provinciales de Chepén (La Libertad) y Hualgayoc-Bambamarca (Cajamarca).

Por estos servicios, facturó al Estado una suma total de 488 mil 463 soles.

Las maniobras en este caso ya habían sido advertidas de alguna forma por la Contraloría General de la República (CGR).

Luego de que el área de Logística adjudicara la contratación, el 09 de abril de este año, la Contraloría advirtió al municipio de Olmos, que Luz Delgado había iniciado sus actividades en el año 2018 y que consignó como actividad principal la venta de partes y accesorios para vehículos.

Asimismo, el personal de la CGR visitó el domicilio consignado en las cotizaciones, encontrando en ese lugar a Mercedes Núñez Andrade, quien aseguró ser madre de la representante legal de la empresa Inversiones y Negocios Lasami, que funciona desde el año 2013, y dijo que no conocía a Luz Delgado.

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