Enfrentamiento entre la Policía y pobladores continúa por segundo día consecutivo
Enfrentamiento entre la Policía y pobladores continúa por segundo día consecutivo

El sonido de las bombas lacrimógenas, perdigones y pirotécnicos se sigue escuchando en el distrito azucarero. Por segundo día consecutivo los pobladores se enfrentaron contra los efectivos de la Policía que resguardan la Empresa Agroindustrial (EAI) .

AFECTADOS. Los gases lanzados por la Policía provocó un cuadro de asfixia en una menor de 7 meses de nacida, L. J. E. que vive en la calle Los Guabos. Ella fue trasladada en una mototaxi hasta el Centro de Salud de Tumán. Su madre, Yanina E. C., también fue atendida por el mismo cuadro.

Por otro lado, la tarde del lunes, Juana Rosa Montenegro Díaz (58) falleció de un paro cardiaco en los exteriores de la Oficina de Seguridad del Estado de Chiclayo, hasta donde fue a reclamar la liberación de su hijo José Mejía Montenegro (30).

Los familiares aducen que su detención se debió a un error, pues, aseguran, que fue a una botica a comprar medicina.

VERSIONES. Al respecto, el subprefecto local, Miguel Ángel Torres Coronel, señaló que remitió un documento a su superior (Rafael Aita) solicitando se conforme una mesa de diálogo.

“El 5 de mayo hice el pedido a la Prefectura para que se cree la mesa de dialogo entre ambas partes, pues si bien todo parte de un tema judicial, la población resulta afectada, sin embargo hasta ahora no obtengo ninguna respuesta”, señaló.

Agregó que si bien él atiende las denuncias y solicitudes de la población, no es su competencia tomar otro tipo de acciones.

“La mesa es el único modo que veo, pero la población no quiere por el tema de “Los Wachiturros”, no es tanto el tema de la administración, sino que señalan haber vivido durante mucho tiempo el amedrentamiento en carne propia”, adujo.

Por otro lado, la pobladora Nely Cabrera Burga precisó que continuarán con la desobediencia civil y no creen en la Junta de Accionistas convocada por el IV Directorio, vinculada al Grupo Oviedo.

“A los accionistas y jubilados no nos dejemos engañar, (la junta) no es para los trabajadores es para el señor Oviedo, porque él tiene más acciones y puede poner sus 5 representantes, mientras que Tumán a las justas tendrá 2. No nos engañemos con que la junta va a arreglar este tema”, dijo en declaraciones a Correo.

Aseguró que las personas que protestan son familiares de accionistas y no “infiltrados” como declaró, en la víspera, el general Jorge Pérez Flores.

“El general se ha llenado la boca, que demuestre con hechos, él está protegiendo a gente que se está llevando implementos de la empresa”, sostuvo.

RESPONDEN. Tras las declaraciones que diera en su momento el asesor legal del Grupo Oviedo, Carlos Isla Montaño, quien calificó como “ilegal” la resolución emitida por el Juzgado Mixto de Bongará (Amazonas) ordenando se instale la administración judicial de Daniel Rioja Sánchez, este último salió a defender su posición, junto a su abogado Salatiel Marrufo Alcántara.

Al respecto, ambos señalaron que la resolución judicial que los respalda se basa en la deuda que mantendría la azucarera Tumán con la empresa Alimenta Perú. Marrufo Alcántara afirmó que ningún otro juzgado puede dejar sin efecto lo resuelto en Bongará y dijo que solo esperan que la jueza de Paz Letrado de Tumán fije fecha para la instalación.

“Ya le llegó el exhortó a la jueza y ahora ella tiene que fijar fecha, así como oficiar a la Policía para que preste las garantías”, refirió el abogado, quien al ser consultado sobre la relación de Alimenta Perú con el empresario Ernesto Flores Vílchez, refirió que “no se puede negar, pero más allá de eso, lo que hay es una deuda bancarizada y reconocida”.

Cabe mencionar que, en la víspera, la EAI Tumán emitió un comunicado responsabilizando a Ernesto Flores y Daniel Rioja por todos los actos de violencia en el distrito azucarero.

INVESTIGACIÓN. Por otro lado, el Grupo Oviedo informó que tras una denuncia presentada por el directivo de la azucarera Tumán, Antonio Becerril Rodríguez, la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo abrió investigación penal contra los administradores judiciales nombrados por el Juzgado de Bongará, Daniel Rioja Sánchez y Martín Martínez Valdiviezo, así como para César Sandoval Lozada, Marcelino Llontop Suyón y Leoncio Egusquiza Sánchez, a quienes se les imputa haber instigado los disturbios registrados en Tumán. Asimismo, se dispuso investigar a otras 10 personas por presuntos actos de violencia. 

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