Falta mayor control en municipios para “filtrar” al personal

El pasado sábado 10 de febrero, llamó la atención la captura de Luis Ricardo Llempén Paiva (35), obrero de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) quien, sorprendentemente, seguía trabajando con total normalidad pese a estar incluido en la lista de “Los más buscados” del Ministerio del Interior por el delito de extorsión. Incluso, se ofrecía la suma de S/10,000 por colaborar con su caída.

A raíz de este hecho, surge una interrogante sobre los mecanismos que emplean las municipalidades en la región no solo al momento de contratar personal, sino también, para mantenerse al tanto de los antecedentes judiciales o penales que podrían tener los trabajadores ediles.

Sobre el particular, Correo quiso conocer cuál es la situación en dos de las comunas con mayor número de personal en la región: el mismo municipio provincial de Chiclayo y la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (JLO).

CHICLAYO. En cuanto al caso del obrero detenido el último sábado, el gerente municipal de la MPCh, José Pérez Delgado, precisó que este llevaba 13 años laborando en la entidad edil, los últimos de estos, a través de una resolución judicial que lo repuso en el puesto.

“Como ocurre en toda institución, se pide los antecedentes penales al momento del ingreso y, recién desde este año, como gerencia hemos dispuesto que, a pesar de que no es una disposición que está establecida en la ley, también se pidan los antecedentes penales de quienes están laborando actualmente”, afirmó el funcionario.

Aseguró que esta medida la tomaron antes de que se presentara el caso de Ricardo Llempén Paiva y que lo ideal sería que se realice cada medio año. En ese sentido, mencionó que, en contraparte, tampoco se podrían solicitar los antecedentes penales de los trabajadores constantemente, pues esto crearía una “barrera burocrática”.

“Solo se hace al ingreso y luego estamos trabajando con el tema de la declaración jurada (que deben presentar los trabajadores, asegurando que no cuentan con antecedentes penales) y actualmente, para asegurarnos, estamos remitiendo una carta al Poder Judicial para ver si alguno de los que están trabajando tiene este tipo de antecedentes”, manifestó José Pérez.

El gerente edil sostuvo que tampoco se puede solicitar al trabajador más información de la que está normada, motivo por el cual han recurrido al uso de declaraciones juradas y, con las discreciones del caso, a solicitar la información detallada al Poder Judicial, “dentro del marco de la ley de colaboración interinstitucional”.

Por último, al consultarle sobre si, a su parecer, faltan más mecanismos legales para mejorar los “filtros” que se manejan en las municipalidades, José Pérez admitió que es algo necesario, pero también aseveró: “los mecanismos existen, pero tampoco se puede hacer un abuso por la presunción de inocencia, tampoco se les podría pedir semanalmente los antecedentes penales, sería algo incómodo, por eso debe ser una cuestión más discreta”.

LEONARDO ORTIZ. En el caso de la comuna distrital de José Leonardo Ortiz, la situación resulta aún más marcada por la incertidumbre. El pasado martes 13 de febrero, asumió funciones el nuevo gerente de Recursos Humanos, Wil Santamaría Soplapuco, quien dijo que, debido a la reciente huelga de trabajadores ediles, aún no contaba con toda la información sobre el estado del personal en la institución.

Pese a ello, Santamaría Soplapuco dijo que se tomarán las medidas para mejorar los “filtros” con los cuales se elige y evalúa al personal. Hizo énfasis, sin embargo, en que lo primordial ahora es actualizar los documentos de gestión del municipio, como es el caso del ROF (Reglamento de Organización y Funciones) y del MOF (Manual de Organización y Funciones), elementales para ordenar lo relacionados al recurso humano.

“El MOF es del 2006, han pasado 12 años y no se ha actualizado. El ROF es del 2011. Todos esos instrumentos de gestión deben ser modernizados y adecuarse a nuestra realidad”, manifestó el funcionario.

A su vez, el dirigente del sindicato de trabajadores de la comuna leonardina, Grimaldo Fernández Saucedo, expresó su preocupación por la falta de criterio que se ha tenido en la entidad, sobre todo al momento de elegir a los funcionarios. Como se sabe, incluso la Contraloría informó hace unos días sobre el caso de 7 funcionarios que, en su momento, fueron designados en el municipio de José Leonardo Ortiz sin cumplir con los requisitos para el cargo.

“Nosotros como sindicato siempre informamos sobre los antecedentes de los trabajadores que ingresan, pero lamentablemente la autoridad no dice nada y la mayoría de los funcionarios que han estado han sido cuestionados”, aseveró.