Los quiere presos. El fiscal Germán Montero Ugaz sustentó ayer el requerimiento de prisión preventiva que semanas atrás presentó ante el Poder Judicial contra seis miembros de la organización criminal “La Hermandad del Norte”.

El magistrado pidió que la medida coercitiva se imponga por el plazo de 18 meses contra los hermanos Epifanio Justo y Santos Hermes Sánchez Coronel, presuntos cabecillas de la referida banda delictiva. También requirió la medida para Cela Vásquez Cabrera, Yelisthin Sánchez Tello, Joseph Jack Salazar Silva y Javier Concepción Gil Contreras.

IMPUTACIÓN. Respecto a los supuestos cabecillas, el citado fiscal dijo que ambos dispusieron el asesinato del auditor de la Sunat, Luis Cieza Herrera, por orden de los empresarios Carlos y Samuel Roncal Miñano. Basándose en relatos de colaboradores eficaces, el fiscal describió otros crímenes y actos extorsivos que habrían ordenado los hermanos Sánchez Coronel.

Además, reveló que ha denunciado al personal del Inpe, la Policía, a un fiscal y al abogado José Quiroga Seclén, por permitir la salida irregular de Santos Sánchez Coronel del penal El Milagro, en Trujillo, donde había sido capturado por tráfico ilícito de armas de guerra.

El fiscal precisó que antes de otorgarle libertad a Santos Sánchez, los arriba citados debieron verificar que estaba vigente la orden de detención preliminar que el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo dictó en noviembre del 2016.

RÉPLICA. Ante esta acusación, el abogado José Quiroga indicó que la propia Fiscalía de La Libertad retiró la acusación contra su patrocinado, porque se demostró que le habían “sembrado” una granada de guerra, siendo el Juzgado Colegiado de Trujillo el que ordenó su libertad.

Además, refirió que en tres ocasiones le pidió al fiscal por escrito, que haga las gestiones para traer a su patrocinado.

“Este escrito desvirtúa la posición del fiscal que yo me habría coludido con las autoridades del Inpe y la Policía Nacional para que mi patrocinado salga por la puerta falsa. La Fiscalía no quiso traerlo, pedía copias de lo actuado. Yo lo puse a disposición a mi patrocinado para que lo traiga y se someta a las investigaciones. Si es que hubiera una salida irregular, yo considero que a quien se le debe denunciar es al representante del Ministerio Público... Si el Colegiado ordena su libertad, yo no le puedo decir, oye sabes qué no puedes salir porque estás con orden de detención preliminar, eso es lo que quiere que haga el fiscal, quiere que yo me atribuya una función que le corresponde al Inpe y a la Policía Nacional”, señaló.

Durante la audiencia, el fiscal señaló que los imputados utilizaron más de 120 chips de celulares para cometer sus actos delictivos, los cuales deben ser analizados mediante el levantamiento del secreto de las comunicaciones.