Fiscal pide prórroga de 36 meses en caso “Wachiturros”
Fiscal pide prórroga de 36 meses en caso “Wachiturros”

La Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de (Feccor) solicitó una prórroga de 36 meses en el plazo de la investigación que se le sigue a 21 personas vinculadas a la presunta organización criminal “Los Wachiturros de Tumán”.

PEDIDO. Para justificar su pedido, el titular de la Feccor, Juan Carrasco Millones, informó que desde el 20 de agosto del presente año, han sido acumulados al caso “Los Wachiturros” ocho denuncias respecto a actos ilícitos en la Empresa Agroindustrial Tumán (EAT), donde los principales investigados son Edwin Oviedo Picchotito y exdirectivos de la compañía.

Asimismo, el fiscal incluyó la información obtenida por la Fiscalía Supraprovincial del Callao en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, donde un colaborador eficaz reveló los vínculos entre el exjuez supremo, César Hinostroza Pariachi y el empresario Edwin Oviedo.

De esta manera, la Feccor reforzó la investigación que se le sigue a Oviedo como presunto autor intelectual del asesinato de dos dirigentes de la EAT. Aunque el empresario niega responsabilidad de manera tajante, habría otorgado dádivas al detenido exjuez supremo César Hinostroza para que lo favorezca con una sentencia casatoria.

Precisamente, el juez Carlos Chanamé Chumán programó para el día de hoy la audiencia donde el citado fiscal deberá sustentar su pedido, y, este a su vez, ser rebatido por los abogados de cada imputado.

ACUMULACIÓN. De los casos que han sido acumulados al proceso de “Los Wachiturros”, figura el que tiene como investigados a Segundo Ordinola Zapata y Armando Vásquez García, exadministradores judiciales de la EAT que se habrían apropiado de la Planta Industrial de Destilería de propiedad de la Empresa Alcoholes del Norte y Derivados (ANDESA).

Dicha empresa le adeudaba a la excooperativa Tumán la suma de 1 millón 031 mil soles y para cobrarse, los exadministradores judiciales interpusieron una demanda de obligación de dar suma de dinero ante el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo que fue declarado fundado.

Otro caso acumulado, es el que tiene como imputados a Segundo Ordinola Zapata y Pablo Arce Benites, exadministradores judiciales de la EAT que, en agosto de 2011, habrían entregado una maquina hidráulica valorizada en 135,000 soles a José Roncal Ortiz, gerente de la empresa Radost Solution SAC.

Pese a que ambos eran accionistas mayoritarios de dicha compañía, otorgaron la maquina de propiedad de la empresa Tumán, “causando detrimento a la misma en provecho propio”. Incluso, también habrían hecho entrega de un departamento, ubicado en Lima, valorizado en 280,000 soles.

PAGOS. También figura otro caso donde los investigados son Segundo Ordinola Zapata, Carlos Miguel Luna Conroy y Armando Vásquez García, exadministradores judiciales de la EAT que transfirieron tres inmuebles de la excooperativa a favor de la Municipalidad Distrital de Tumán, lo que habría ocasionado un detrimento del capital social de la azucarera.

Esta transacción se realizó con autorización del exjuez César Burga Díaz, del Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, quien se habría coludido con los exadministradores judiciales, también para conferirles la facultad de poder suscribir minutas y escrituras públicas de los contratos de transferencia de inmuebles urbanos a trabajadores y jubilados de la azucarera.

Sin embargo, uno de los favorecidos con la venta de un inmueble y un terreno a cuenta de su CTS fue Víctor Montenegro Campos, cuñado del exgerente de Finanzas de la EAT.

Del mismo modo, ha sido acumulado el caso que afronta Segundo Ordinola Zapata y Armando Vásquez García, quienes a pesar de haber sido nombrados administradores judiciales de la EAT, continuaban recibiendo un sueldo como trabajadores contratados de la azucarera.

Asimismo, figura la demanda de indemnización que interpuso la excooperativa Tumán contra la empresa SHEMA SAC, de propiedad de Elvis Oviedo Picchotito.

Ambas compañías firmaron en el 2002 un contrato de suministros; pero se detectó irregularidades en la aplicación del descuento por flete interno a Lima que causó un perjuicio económico de 16 millones 700 mil soles a la azucarera.

“Cuando ingreso la administración judicial propuesta por Edwin Oviedo, la demanda terminó con archivamiento”, se informó.

También se acumuló el caso referente a pagos indebidos a policías para que resguarden la permanencia de la administración judicial de Edwin Oviedo en la EAT.

“Desde su instalación en el año 2007, los exadministradores judiciales Segundo Ordinola, Carlos Luna y Armando Vásquez, habrían gestionado la presencia excesiva de personal policial dentro de las instalaciones de la EAT. Los pagos se habría efectuado con dinero de la EAT”, consta en el pedido de la Feccor.

Por último, el fiscal Juan Carrasco incluyó el caso de la empresa D’Libano Inversiones. El exadministrador judicial de la EAT, Segundo Ordinola, reconoció a favor de dicha empresa una deuda, acordando que sean cancelada con la entrega de azúcar. Se fijó como fecha máxima para que Tumán cumpla el acuerdo, el 20 de junio de 2007. Al no ser cumplido, se inició una demanda por $ 6 millones que facilitó a Edwin Oviedo asumir el control de la azucarera.

Incluidos en pedido fiscal

1. Feljun Castro Banda

2. César Jonathan Valencia Delgado

3. Eswar Jovany Montenegro Sales

4. Humberto Quinteros Míñope

5. Eleuterio Moreno Esquives

6. Antero Díaz Cieza

7. Armando Montenegro Chavesta

8. Juan Condor Idrogo

9. Victor Wilfredo Rodríguez Ortiz

10. Felipe Colchado García

11. PNP Luis Alberto Cotrina Quiñones

12. PNP Eduardo Ramiro Mas Ganoza

13. PNP Manuel Sánchez Romero

14. Segundo Ordinola Zapata

15. Armando Vásquez García

16. Pablo Arce Benites

17. Elvis Oviedo Pichotito

18. Fredy Huamán Martiarena

19. Judith Valdez Málaga

20. Wigberto Cabrejos Flores

21. Juan Rodríguez Soto

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