Investigan a alcalde y regidores por ordenanza

Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso iniciar una investigación preliminar por 120 días contra al menos 13 personas por presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita y negociación incompatible

15 de Junio del 2019 - 09:19 » Textos: Alicia Tovar » Fotos: Correo

La cuestionada ordenanza N° 007-2019 de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que provocó protestas hace unos días, ha motivado también el inicio de una investigación fiscal.

Un equipo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició las diligencias como parte de una investigación preliminar por un plazo de 120 días que involucra al alcalde provincial Marcos Gasco.

DETALLES

Las oficinas de la municipalidad de Chiclayo fueron intervenidas ayer por el fiscal Óscar Guevara Gilarmas que acudió acompañado de representantes del Ministerio Público y efectivos policiales.

La diligencia inició en la ex Mutual, donde el fiscal informó al gerente municipal, Ricardo Romero Rentería, sobre la disposición de iniciar una investigación preliminar por la aprobación de la ordenanza N° 007-2019.

Se trata de la cuestionada ordenanza que, luego de dos votaciones del concejo provincial, autoriza el acceso del transporte de carga y descarga en Chiclayo.

Un día después de la publicación oficial de la ordenanza, el despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios recibió la denuncia contra al menos 13 personas.

El documento, que obra en la carpeta fiscal N° 212-2019, menciona al alcalde Marco Gasco Arrobas y a los regidores Junior Vásquez Torres, Ricardo Lara Doig, Marino Olivera Cruzado, Pedro Ubillús Falla, Carlos Montenegro Gonzáles, Javier Montenegro Cabrera, María Berna Cleghorn, Randy Vegas Díaz, Andrés Calderón Purihuamán, José Nakamine Kobashigawa, Felipa Orosco Nuntón y Karina Villegas Campos.

Los doce concejales, como se recuerda, votaron en contra del pedido de nulidad de la ordenanza en la sesión de concejo que se realizó el pasado 30 de mayo.

Pero los regidores no son los únicos comprendidos en la investigación preliminar. La denuncia señala, como presuntos cómplices de la aprobación de la ordenanza, a los empresarios Luis Absalón Gasco Bravo -hermano del alcalde-, Igor Ernesto Garbich Ubillús y el propio regidor Andrés Calderón Purihuamán.

El primero de ellos es gerente general de la empresa Transportes Valle Norte SAC, donde también tuvo participación el burgomaestre provincial como uno de los accionistas, pero dejó de serlo desde el año 2016.

En el caso de Garbich Ubillús, este empresario desempeña desde el 2012 el cargo de gerente general de la empresa de transporte Guie Servicios Loguísticos SAC; mientras que Calderón Purihuamán tiene el mismo cargo desde el 23 de julio de 2013 en la empresa Sikan Cargo SAC.

El fiscal Óscar Guevara Gilarmas refirió que los regidores podrían ser citados a declarar para responder por un presunto pago de coimas a cambio de votar a favor de la ordenanza.

“Según las denuncias, habrían existido pagos con la finalidad de que se emita esta ordenanza municipal. Es decir, un presunto cohecho pasivo”, expresó.

La denuncia -a la que tuvo acceso Correo- sostiene que los regidores aprobaron la ordenanza a cambio de que el alcalde les brinde “facilidades en proyectos de obras, colocación de puestos de trabajo para sus familias o allegados y el pago de una coima por parte de los transportistas de carga pesada”.

Además, se menciona al regidor fujimorista Andrés Calderón Purihuamán y al concejal oficialista Pedro Ubillús Falla -quien es primo del empresario Igor Garbich Ubillús- como presuntos responsables de acordar “con los demás regidores denunciados un pago económico o plus” para obtener su voto a favor.

Sobre los empresarios Luis Absalón Gasco Bravo e Igor Garbich Ubillús, la denuncia indica que ambos habrían juntado la bolsa de dinero para el pago a los regidores que aprobaron la ordenanza.

En la primera sesión de concejo, convocada el 24 de mayo, solo los regidores Nakamine Kobashigawa, Orosco Nuntón y Villegas Campos votaron en abstención mientras que los concejales Percy Espinoza Gonzáles, Jony Piana Ramírez y Andrés Puell Varas votaron en contra de la ordenanza.

A la semana siguiente, estos tres últimos regidores fueron los únicos que votaron por la propuesta de nulidad de la ordenanza, pero el voto de los otros doce prevaleció.

Durante la diligencia, el fiscal acudió a la secretaria municipal y posteriormente a la Oficina de Control Institucional (OCI) del municipio para recabar los documentos relacionados a la aprobación de la ordenanza.

Correo pudo conocer que la jefa de OCI, Sandra Rocío Gonzáles Zúñiga remitió a la Fiscalía la ordenanza municipal N° 006-2012 y los decretos de alcaldía N° 003-2017 y 011-2012 que regulaban el transporte de vehículos de carga pesada hasta la emisión de la nueva ordenanza.

Al término de la intervención, el fiscal no descartó incluir a los funcionarios de la gerencia de Desarrollo Vial y Transportes y de otras áreas de la municipalidad como parte de las indagaciones.

La Fiscalía investiga al alcalde y 12 regidores por los presuntos delitos de concusión, asociación ilícita, cohecho pasivo, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, y abuso de autoridad.

REACCIONES

Correo se comunicó con el primer regidor Junior Vásquez Torres quien negó haber recibido algún pago para emitir su votación.

“Rechazo que haya habido un acto de corrupción. (El denunciante) va a tener que probar porque después que el fiscal archive la denuncia, vamos a proceder de acuerdo a ley. No es factible que alguien pueda manchar honras”, manifestó.

Vásquez Torres dijo estar confiado en que la investigación preliminar no prosperará y aseguró que acudirá a declarar cuando la Fiscalía así lo solicite.

Consultado por esta nueva denuncia contra el alcalde, a semanas de concluir los primeros seis meses de gestión, el concejal aseveró que se pretende asociar a esta gestión con los hechos irregulares cometidos en períodos anteriores.

Por su parte, el regidor Percy Espinoza Gonzáles refirió que desde que se presentó la ordenanza se mostraron indicios de un posible conflicto de interés y no existió un informe técnico para sustentar su aprobación.

Cabe recordar que Gasco Arrobas enfrenta otra investigación -a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa de Corrupción de Funcionarios- por la contratación directa a favor de la empresa Voelia Servicios Perú SAC. 

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