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Así lo revelaron fuentes del Ministerio Público, quienes señalaron que los fiscales que investigan la presunta red delictiva creada por Roberto Torres, han encontrado indicios de que en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad de Chiclayo, existió una mafia de funcionarios que vendía la información, de las empresas creadas, hacia los extorsionadores.

CON MAFIAS. Esta información fue corroborada por el fiscal Juan Carrasco Millones, de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa de Chiclayo, quien investiga a la supuesta organización “Los limpios de la corrupción”. Indicó que “cuando se desarticuló “La Gran Familia”, liderada por el “Viejo Paco”, se obtuvo la información de que funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes habrían mantenido nexos con estos delincuentes”.

“El tema de la facilitación de la información es lo que más ha habido. Los funcionarios habrían facilitado la información a los extorsionadores”, manifestó Juan Carrasco.

El magistrado además señaló que durante las mesas de trabajo antiextorsiones que se realizaban, los transportistas siempre hacían alusión al tema de que funcionarios de la MPCh habrían estado coludido con extorsionadores.

“Habría vínculos, porque ni bien se formaba una empresa de transportes, inmediatamente los delincuentes los llamaban a extorsionar. Les decían cuántos vehículos tenían, que los conocían y todo. Al parecer les vendían la información a los extorsionadores como “El Flaco Marcos”, “El Burro”, etc.”, indicó Juan Carrasco.

El fiscal afirmó que existe un informe de Contraloría donde en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte se daban autorizaciones de circulación a las empresas de transporte y el dinero no era ingresado al Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCh) y ellos se encuentran abocados a investigar esto.

GRAVE. El procurador anticorrupción, Manuel Benavente Millan, calificó de muy grave el hecho de que funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la MPCh habrían estado coludido con extorsionadores.

“Obviamente si es que ellos han pedido o han solicitado un beneficio económico para dar esa información hablamos de un delito contra la administración pública de corrupción de funcionarios o cohecho, pero sino no ha sido así, si se habrían coludido con la finalidad de ellos mismos extorsionar, entrarían por un delito de extorsión en el grado de cómplices. El hecho en sí es gravísimo, aunque eso en todo caso tiene que determinarse con la información que recabe la Fiscalía”, señaló el procurador anticorrupción.

Benavente Millan indicó que su despacho ha enviado información al Ministerio Público respecto a lo que ganó en el año 2011 y 2012 Katiuska Del Castillo (a) “La jefa”, mientras ella fue jefa de archivo de la Municipalidad de Leonardo Ortiz y también documentos donde se probaría la vinculación de funcionarios de Roberto Torres y Jacinto Muro para ganar licitaciones recíprocamente en ambas comunas.

FALSIFICADORES. A su turno, el procurador municipal de Chiclayo, Pedro Alvarado Guerrero, señaló que no tiene información sobre la vinculación de extorsionadores con funcionarios de la MPCh, sin embargo dijo que de la gestión de Torres Gonzales “todo se puede esperar”.

“Ya no me sorprende nada, desde el año 2008 hacia adelante tenemos más de 2 mil expedientes judicializados por falsificación de licencias y tarjetas de operatividad que se realizaban en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes de la MPCh”, indicó Pedro Alvarado.

El procurador municipal, afirmó además que a pesar de que varios funcionarios de Roberto Torres han sido capturados, aún quedan mandos medios que siguen operando y que estarían coludidos con otras mafias para obtener beneficios económicos.

“Si se ha detectado que habrían facilitado información para extorsionar, eso amerita una investigación profunda”, dijo Alvarado.