La Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque (FECOR) investiga al abogado Wilfredo Chero Villegas, hermano del ministro de Justicia, Félix Chero, por sus vínculos con la presunta red criminal que operaría en las empresas Agro Pucalá e Industrial Pucalá.

El actual candidato del partido político Fuerza Popular a la alcaldía de Tumán, ha sido incluido en la investigación que se les sigue a 40 personas por los delitos de crimen organizado, lavado de activos, defraudación tributaria y fraude en la administración de persona jurídica.

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La FECOR añadió en las pesquisas a Chero Villegas como “presunto brazo legal de la organización criminal, dedicado a proteger a la administración judicial a fin de mantener la permanencia de la organización en Industrial Pucalá y Agro Pucalá por medio de las cuales se agencia de ingentes cantidades de dinero”.

“Incluso en el periodo 2016 – 2021 estando en la clandestinidad (tras ser condenado a 4 años de cárcel por usurpación agravada en contra de la empresa Chucarapi – Arequipa) - a este denunciado presuntamente estuvieron pagándole sus remuneraciones sin trabajar, como una forma de agradecimiento por la defensa legal a esta organización”, consta en la disposición N° 02 de la carpeta 2406045600 – 2022.

Por tal motivo, como acto de investigación, se planteó solicitar a las empresas AgroPucalá e Industrial Pucalá las boletas de pago y planillas de remuneraciones de febrero del 2016 a julio de 2021 correspondiente a Wilfredo Chero Villegas.

Cabe indicar que además del hermano del ministro de justicia, la investigación se realiza contra otras 40 personas, siendo el principal imputado Max Ayora Inoñán, presunto cabecilla de la organización criminal.

En la denuncia que dio inicio a la investigación se precisa que, aunque las empresas citadas están pasando una de sus peores crisis económicas, sociales y financieras, los denunciados han creado varias empresas y ahora ostentan ingentes cantidades de dinero y patrimonio generados en los últimos 7 años.

El control de la excooperativa – según la denuncia – inicia cuando la empresa Agro Pucalá S.A.A., pierde dos grandes extensiones de terreno denominados “Tablazos” y “Huaca Blanca”.

Esto debido a que el gerente de Agro Pucalá, Max Ayora reconoce una deuda de S/7′400,501.40 a favor de Olivio Huancaruna Perales, a través de su empresa Altomayo Corporation S.A., sin que se haya comprobado el ingreso del dinero a la caja de ambas compañías.

“Luego de esto, Alto Mayo Corporation S.A. inicia un proceso judicial que no es defendido adecuadamente por la gerencia legal, jefaturada por Max Ayora, quien más bien se colude con el demandante y no interpone los recursos legales respectivos y Agro Pucalá pierde dichos campos (…)”, consta en la disposición fiscal.

Finalmente, precisó que ambos personajes habrían concertado con el exjuez, Óscar Tenorio Torres, quien nombró como administrador a Luis Dávila Dávila y este a su vez, nombra Max ayora, gerente de Agro e Industrial Pucalá.

“Desde el 2006 al 2014 con la administración que tenía, se pagaban las quincenas en forma puntual, se sembraba caña de azúcar, se mantenía la fábrica, comprando los repuestos respectivos, en la actualidad se debe más de 56 quincenas, no se paga las detracciones a la Sunat, no se paga impuestos (…)”.

Entre los investigados figura: Yolanda Pérez Arrascue, Paulina Ventura Zapata, Alexander Timana Izaga, Alex Neyra Guerrero, José García Vílchez, Ángela Medina Ruiz, entre otros.