ICAL registra 189 quejas contra abogados, pero afronta carencias

El pasado 17 de noviembre, fue desarticulada la presunta banda criminal “Los Impunes de Chiclayo”, dedicada a la usurpación de terrenos en el distrito de Reque y, al parecer, encabezada por nada menos que un abogado, el a partir de entonces prófugo Neiser Luis Villegas Díaz, alias “Doctor” u “80 Vacas”.

Según el pedido de detención hecho por la Fiscalía, el hombre de leyes habría aprovechado “su condición de abogado para asesorar la forma y modo de apropiarse de los terrenos con mecanismos fraudulentos”. Si bien el destino de Villegas Díaz, en lo que al proceso penal se refiere, está ahora en manos del Poder Judicial, ¿le corresponde también una sanción desde su orden profesional, el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL)?

COMISIÓN. Correo quiso saber más sobre la situación actual de la instancia responsable de evaluar las posibles sanciones contra los letrados: la Comisión de Ética Profesional del ICAL, actualmente presidida por Luis Ángel Chévez Pasco e integrada por otros cuatro profesionales. Para esto, se conversó con el asistente de la Comisión, Marvin Frank Tinoco Velásquez, quien ocupa este cargo desde el 2016, antes del ingreso del actual consejo directivo del ICAL, liderado por el decano Juan Zamora Pedemonte.

Tinoco conoce bien cómo funciona la instancia, pues su trabajo, además de coordinar las audiencias que se realizan cada viernes, consiste en llevar registro de los expedientes seguidos contra los miembros de la orden lambayecana. De acuerdo a lo que refiere, los casos que tiene a su cargo la Comisión provienen, principalmente, de las quejas presentadas por ciudadanos.

En este punto, Tinoco asegura que, cuando asumió el cargo, encontró una gran cantidad de expedientes que habían sido ingresados en el 2013, 2011 y hasta en el 2008, los cuales en algún momento se quedaron paralizados en una etapa del proceso y nunca llegaron a ser discutidos en audiencia.

“Cuando llegué, la Comisión de Ética no funcionaba como tal, sino que, vamos a decirlo así, era un saludo a la bandera. Encontré expedientes desde el año 2008, 2009, 2011, 2013, igual desde el 2015. (...) Además del tiempo, ya no había una persona interesada en que continúen los procesos”, afirma.

Pese a lo dicho, el trabajador mantiene estos expedientes (alrededor de 200) en un archivo en su oficina del ICAL. Fuera de ello, maneja un registro de las quejas presentadas contra abogados desde el 2016, las cuales suman un promedio de 189 (para más detalle, precisa que son 56 en lo que va del 2018, 79 en el 2017 y 54 en el 2016).

PROBLEMAS. Tinoco menciona que las quejas más frecuentes tienen que ver con labores que los abogados ofrecieron hacer a sus clientes y, sin embargo, no cumplieron. Indica que, en este tiempo, la Comisión ha sancionado a un promedio de 17 abogados, pero en todos estos casos la resolución final fue apelada y quedó en manos del Tribunal de Honor del ICAL (segunda y última instancia) dictaminar si la sanción quedaba consentida o no.

Es importante señalar que, en este tiempo, la Comisión no ha abierto alguna investigación de oficio por casos como el del mencionado miembro de “Los Impunes de Chiclayo”. Asimismo, se debe tener en cuenta que si bien a la fecha, según refiere el asistente, se recibe un promedio de 5 quejas a la semana, el trabajo de la comisión se ha visto interrumpida en ocasiones, por ejemplo, entre abril y septiembre de este año, antes del ingreso de Angel Chévez, periodo en el que no se realizaron audiencias.

De igual manera, Tinoco dice que se requiere más personal y recursos para que la comisión realice su trabajo de manera más ágil. Afirma que, en su momento, presentó los respectivos pedidos para ello, sin tener respuesta.

PARECER. Correo también buscó el punto de vista de quienes aspiran al decanato del ICAL en las próximas elecciones que se realizarán entre fines de este mes e inicios de diciembre.

Es el caso del exvocal supremo y catedrático José María Balcázar Zelada, quien señaló que la Comisión de Ética Profesional “tiene que ser seriamente implementada para que cumpla con su función contra las malas prácticas en que incurren algunos letrados, cosa que no se ha hecho en los últimos tiempos, no obstante que existen muchos casos en proceso en la Comisión”.

Quien también opinó, en una línea similar, fue el exdecano de la orden profesional, Carlos Martínez Oblitas. Para él, el funcionamiento adecuado de la Comisión de Ética depende “de la voluntad política del decano y la directiva, (...) toda lucha contra la corrupción tiene que partir de nosotros mismos, la limpieza debe empezar por casa y esta comisión debe estar formada por gente con autoridad moral, capacidad y dinamismo”.

A su vez, el abogado Carlos Palomino Guerra, quien también postula al decanato, expresó su preocupación debido a que “no ha habido ninguna sanción a ningún abogado en estos años, pese a sentencias consentidas que tienen algunos. Tenemos que tomar esa iniciativa para poder salir de este ocaso, por eso estamos proponiendo (para presidir la Comisión) a un directivo que estará encargado de esto y que, consideramos, no se casará con nadie”.

Correo buscó también el punto de vista del actual decano del ICAL, Juan Zamora Pedemonte, sin embargo, indicó que no declararía sin una coordinación previa con el directivo encargado del área de comunicación.