Un equipo de fiscales y policías intervino en una vivienda del distrito de Chongoyape, en el marco de la investigación seguida contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción.

Las autoridades llegaron hasta el domicilio N° 278 de la calle La Purísima, en pleno centro de esta localidad.

Ahí se ubica un local conocido como “Ruso”, de donde el personal autorizado recogió documentación.

Esta intervención judicial de allanamiento e incautación deviene de las indagaciones contra Lozano, que cobraron fuerza a inicios de este año.

Fuentes de este caso señalaron a Correo que la carpeta fiscal contiene la declaración de un testigo en reserva.

Este ciudadano detalló que el comentario en la Federación es que las computadoras tanto de las trabajadoras Roxana Bello Rondón y Rosa Alva Vidal fueron cambiadas  días antes del allanamiento realizado por la Fiscalía (en referencia a la diligencia ejecutada el 2 de marzo de este año).

Agregó conocer que ambas empleadas administrativas recibieron un aumento de sueldo justo por esa fecha, lo que coincidiría con el cambio, pues cuando representantes del Ministerio Público llegaron a las instalaciones de La Videna encontraron  nuevos equipos informáticos.

En razón a esta presunción es que las autoridades se trasladaron hasta Chiclayo para rastrear documentación y otros bienes de la mencionada organización.

De acuerdo al resultado de esta verificación, el inmueble le pertenecería a Juan Romel  Montenegro Gonzales, quien ha laborado para el Centro de Salud de Chongoyape, es cercano a Agustín Lozano y al partido Alianza para el Progreso (APP) en la región Lambayeque. En su cuenta de Facebook muestra haber compartido varias actividades con el directivo de fútbol.

La hipótesis fiscal indica que Lozano, junto a once miembros de la Junta Directiva, no habría comunicado la real situación administrativa, económica y financiera de la Federación Peruana a la Asamblea de Bases.

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También se sospecha que hubo un reparto de diferentes montos de dinero a clubes de fútbol profesionales de primera y segunda división y a los clubes departamentales para que paguen deudas.

Lozano habría efectuado un uso indebido de los recursos de la Federación al entregar S/ 250,000 a los equipos  Carlos Stein, Deportivo Llacuabamba, Atlético Grau y todos los clubes que militan en la Liga 2 para que no firmen convenios con el Consorcio Fútbol Perú (Gol TV9), que transmitía partidos de los torneos nacionales vía telepago.

Estos hechos desencadenaron que los demás clubes de fútbol profesional de primera división denuncien a la plana mayor de la FPF por los presuntos delitos de coacción, extorsión y organización criminal.

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