Las más de 200 familias que fueron desalojadas por mandato judicial retornaron a los predios que ocupaban en el centro poblado de Batangrande, en la provincia de Ferreñafe.
La orden de desalojo fue emitida por el magistrado René Zelada Flores, del Octavo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, y se ejecutó ayer con el apoyo de 600 policías de las diferentes unidades policiales de Chiclayo, así como agentes de Trujillo y Cajamarca.
Como parte de esta diligencia, un promedio de 200 familias del caserío La Campana B y D, ubicado en Batangrande, del distrito de Pítipo, fueron desalojados de sus predios tras un proceso judicial con la empresa Agroindustrial Pucalá.
Sin embargo, hoy durante una constatación en el predio en disputa se comprobó que los invasores retornaron y no permiten el ingreso de personas ligadas a la azucarera Agropucalá, quienes tuvieron que salir raudos del lugar debido a que los invasores están haciendo uso de armas de fuego.