El congresista Héctor Becerril Rodríguez volvió a quedar bajo la lupa de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de Lambayeque, despacho que, por el plazo de 8 meses, dispuso iniciar una investigación preliminar en su contra.

Esto por el presunto delito de asociación ilícita y pese a que el parlamentario había logrado, el año pasado, que el Poder Judicial declarara fundado el recurso de cuestión previa que presentó su defensa para no ser parte de las pesquisas sobre la supuesta red criminal “Los Wachiturros” de Tumán.

Es así que, mediante la disposición N° 1 de la carpeta fiscal 05-2019, la Fecor ha programado una serie de diligencias, entre ellas, tomar las declaraciones del recluido empresario Edwin Oviedo Picchotito, sindicado por el Ministerio Público como el cabecilla de la aparente organización criminal.

IDAS Y VUELTAS En junio del año pasado, la Fecor formalizó una investigación preparatoria contra tres congresistas: Héctor Becerril, Javier Velásquez Quesquén y Marisol Espinoza Cruz, al relacionarlos con supuestos actos ilícitos perpetrados por “Los Wachiturros”.

Mientras Velásquez y Espinoza quedaron bajo la sospecha de haber recibido dinero a cambio de favorecer a la administración judicial de Edwin Oviedo en la azucarera Tumán, Becerril fue sindicado de hacer lo propio, pero desde los cargos que ocupó entre los años 2006 y 2011: administrador judicial en Tumán y jefe de Seguridad en la empresa Pomalca.

Entre los hechos por los cuales, como parte de estos supuestos favores, se responsabiliza a Becerril, figura el atentado contra Antonio Tarrillo Loyola en el 2008, en Pomalca, y el despojo con violencia de inmuebles a pobladores del mismo distrito.

Ante la investigación iniciada por la Fecor, la respuesta de los parlamentarios no se hizo esperar y presentaron sendos recursos de cuestión previa, alegando que tienen derecho a un proceso en el Congreso antes de ser investigados por el Ministerio Público.

En el caso de Velásquez y Espinoza, al ser sindicados de cometer un delito de función (en el desempeño de su labor congresal), dicho proceso consiste en el antejuicio político. Sin embargo, en el caso de Becerril, al tratarse de un delito común (asociación ilícita), el camino es el de la solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

Tiempo después, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo declaró fundados los recursos de los tres legisladores, quienes quedaron excluidos de la investigación iniciada por el fiscal Juan Carrasco Millones, de la Fecor.

Tras esto, se dispuso elevar los actuados a la Fiscalía de la Nación (instancia con la potestad de investigar a los parlamentarios) para que proceda según sus atribuciones. Aquí es donde la situación cambiaría para Héctor Becerril Rodríguez.

RESOLUCIÓNEn la resolución N° 1 de la carpeta fiscal 05-2019, con fecha 22 de mayo de este año, el fiscal Germán Montero Ugaz, también de la Fecor, inicia citando la disposición emitida por la Fiscalía de la Nación el 21 de diciembre del 2018.

En este último documento, se menciona que la Fecor, en su disposición emitida para elevar los actuados a la instancia superior, señaló erróneamente que el juez había ordenado elevar los actuados a la Fiscalía de la Nación, cuando, en realidad, solo declaró nulo lo actuado contra el congresista Héctor Becerril.

Acto seguido, se hace énfasis en que al legislador fujimorista se le atribuye un delito común (cuyo proceso está regulado en el artículo 452° del Código Procesal Penal), por lo cual, la Fiscalía de la Nación refiere no ser competente para llevar el caso. “Luego de lo cual remite los actuados a fin de que esta Fiscalía Especializada (Fecor) actúe conforme a sus atribuciones”, indica la resolución firmada por el fiscal Germán Montero.

Además de recibir dichos actuados, la Fecor sostiene que existe otro fundamento gracias al cual puede iniciar una investigación preliminar contra Becerril: lo indicado en el numeral 2 del artículo 453° del Código Procesal Penal.

Este, establece que es posible iniciar el proceso para solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria “si al calificar la denuncia, el informe policial o las indagaciones preliminares” se advierte que el imputado está inmerso en un posible delito común. Es así que la Fecor concluye que “la inmunidad parlamentaria solo surte efectos una vez formalizada la investigación preparatoria”, por lo cual no tendría impedimento para iniciar una investigación preliminar.

En otras palabras, la investigación inicial contra Becerril por el caso “Wachiturros” no prosperó porque fue formalizada como preparatoria (una etapa más avanzada), pero la Fecor considera que sí es competente para iniciar pesquisas a nivel preliminar.

CITADOS Entre las diligencias dispuestas por el fiscal Montero figura la toma de declaraciones del mismo Edwin Oviedo, programada para el próximo 2 de julio en el penal de Chiclayo. Al día siguiente, deberá hacer lo propio el hermano del congresista, Antonio Becerril Rodríguez, contra quien, en su momento, se abrió una investigación al haber sido también directivo de Tumán y Pomalca.

Además de dirigentes sindicales, otras 10 personas han sido citadas por la Fecor, entre las cuales también figura Víctor Rodríguez Ortiz, exjefe de Seguridad de Tumán y otro de los investigados en el caso “Wachiturros”.

Además, la Fiscalía dispone solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Héctor Becerril, así como del secreto tributario, bancario y bursatil. Asimismo, requerir a las dos azucareras en cuestión que remitan toda la información relacionada con el legislador.

POSICIÓNCorreo buscó comunicarse con Jovino Castillo, abogado que, en su momento, asumió la defensa de Héctor Becerril, sin embargo, no respondió las llamadas telefónicas.

No obstante, el congresista, además de negar las imputaciones de la Fecor, en abril último llegó a presentar una denuncia contra el fiscal a cargo del caso, Juan Carrasco Millones, acusándolo de presunto prevaricato y abuso de autoridad por haberlo incluido en la investigación “sin ser competente”.

“No estoy relacionado en nada irregular. No voy a permitir que un fiscal me quiera incriminar en hechos como en Los Wachiturros de Tumán”, manifestó, por entonces, Héctor Becerril.

Sobre el tema, Correo conversó con Gilberto Carrasco Lucero, abogado del legislador Javier Velásquez y quien ha seguido de cerca los procesos relacionados con los recursos de cuestión previa.

Para Carrasco Lucero, “corresponde a la Fiscalía de la Nación realizar las investigaciones desde su etapa preliminar conforme al artículo 1 de la Ley N° 27379 (...) Si bien el Código Procesal Penal no establece la exigencia para la investigación preliminar y en la Constitución se establece de manera general, sí lo hace la Ley N° 27379. Por lo que la investigación de la Fecor estaría vulnerando el procedimiento prestablecido”.