La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha iniciado una investigación preliminar contra los que resulten responsables de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), en el marco de un presunto delito de cohecho pasivo propio. Los hechos investigados abarcan las gestiones de la subgerente de Transportes, Magdaleni Lozada Ramírez, y el gerente de Desarrollo Vial y Transportes, Wilman Carrasco Becerra.

HECHOS. La investigación se origina a raíz de una denuncia publicada el 7 de marzo de 2026 por Correo, que reveló capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que evidencian presuntas coordinaciones entre inspectores de tránsito de la MPCh y transportistas informales. Según los mensajes filtrados, los inspectores habrían acordado no intervenir a ciertos transportistas durante los operativos de fiscalización a cambio de pagos.

Este medio accedió a las conversaciones de WhatsApp que sugieren un acuerdo ilícito entre inspectores de tránsito y transportistas informales. En los mensajes, los inspectores aparentemente coordinan con los transportistas para evitar que sus vehículos sean detenidos durante los operativos de control de tránsito, a cambio de pagos realizados a través de la aplicación Yape. Además, en los chats también se mencionan a personas vinculadas con las labores de fiscalización y control, lo que refuerza la hipótesis de una red de corrupción dentro del ámbito de los inspectores.

Este material, considerado como prueba clave, llevó a la Fiscalía a abrir la investigación bajo la carpeta fiscal N° 111-2026, por cohecho pasivo propio. En los pantallazos también se aprecian transferencias por S/100, S/50, y S/150 enviadas mediante Yape a personas identificadas con sobrenombres.

DILIGENCIAS. La Policía Nacional, a través de la División de Investigación contra la Corrupción (Divicap), ha comenzado una serie de diligencias operativas en paralelo a la investigación de la Fiscalía.

Estas incluyen la verificación de las transacciones realizadas a través de Yape y el rastreo de las personas que recibieron los pagos, con el fin de establecer la vinculación entre los pagos y los inspectores de tránsito. Además, la Policía está trabajando en la recolección de pruebas adicionales que permitan corroborar las evidencias ya obtenidas, y en el monitoreo de los operativos de fiscalización para analizar si hubo omisiones en los controles y las intervenciones.

Cabe precisar que, además de los chats y pagos por Yape, también se denunció con audios que demostrarían las coordinaciones sospechosas entre los inspectores y los conductores informales.

Ante la gravedad de las denuncias, los regidores provinciales de Chiclayo también han solicitado formalmente la apertura de una investigación interna en la comuna para determinar responsabilidades administrativas.

Además, los concejales solicitaron a la gestión de la alcaldesa Janet Cubas erradicar paraderos informales del centro de Chiclayo.

El gerente de Transportes, Wilman Carrasco, dijo que gestión tiene disposición de colaborar con la investigación para aportar la información que sea requerida. En declaraciones a Correo, Carrasco aseguró que los inspectores de tránsito, que son jefes de equipos o brigadas, siempre están sujetos a evaluación y no son permanentes en los puestos.