La Comisión de Recursos Ambientales, Agricultura y Producción del Gobierno Regional abrió una indagación a funcionarios de la Gerencia Regional de Agricultura.

De acuerdo al oficio N° 098-2025, al que accedió este diario, dicha instancia pidió la relación de funcionarios nombrados y contratados, para descartar si tienen terrenos lotizados dentro de las áreas protegidas de la comunidad campesina Muchik, Santa Catalina de Chongoyape.

Esta verificación se desprende del reclamo de un grupo de comuneros ante lo que denominan “inacción” de las autoridades regionales frente a las invasiones y tráfico de tierras en la zona.

Un problema que, según testimonios, se presentó de forma alarmante en la gestión del gobernador regional Anselmo Lozano (2019-2022).

Los comuneros que recurrieron a la Comisión indicaron que el GORE, a través de la gerencia de Agricultura, no ha intervenido en defensa de la seguridad jurídica de Santa Catalina y de la reserva Chaparrí.

Por ello, consideran que la acción penal que sigue el Ministerio Público a seis comuneros, conocidos también por su defensa a la zona de conservación, es una consecuencia del abandono del Estado.

El proceso judicial involucra a Juan Carrasco Fernández, Dositeo Tafur Diaz, Segundo Culqui Mendoza, Hermenegildo Torres Peralta, Américo Laboriano Ramos y Porfirio Torres Perales; algunos con más de 65 años de edad fueron acusados por afectaciones a los bosques de la zona, criminalizando a los comuneros que protegen el medio ambiente.

La investigación de Fiscalía se sustenta en hechos que datan de principios de la década de 1990, incluso antes de que el área fuera declarada reserva de conservación privada, años 1993, 1999 y 2005. Pero las actividades que se le imputa se realizaron en las áreas comunales de uso múltiple.

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