El suspendido gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, será recluido en el Penal de Chiclayo, para cumplir un mandato de prisión preventiva por el plazo de 24 meses.

De esta manera se cierra un primer capítulo de la compleja investigación seguida a la autoridad por supuestamente haber liderado una organización criminal.

Dada la coyuntura es preciso recordar cómo inició este caso que es considerado emblemático en el Poder Judicial .

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Era falso

Las indagaciones arrancaron en octubre del año pasado, cuando se reveló que la empresa AC & A EIRL, de propiedad de Alejandro Criollo Quispe, obtuvo tres licitaciones del Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque, a pesar de haber presentado cartas de línea de crédito falsas.

Esta grave noticia permitió que el 02 de octubre, la fiscal, Karim Ninaquispe Gil, y un equipo de la Contraloría General de la República intervengan las oficinas de Logística y Administración del GORE para recabar documentación.

Es así como las pistas condujeron a la Municipalidad Distrital de La Victoria, donde se constató que AC & A también se había adjudicado obras de esta localidad entre los años 2016 y 2018. Asimismo se detectó que funcionarios, en puestos claves, del gobierno regional habían trabajado anteriormente en La Victoria, en el periodo de Lozano y luego con el exalcalde, Leoncio Paucar Merino.

En lo que concierne a este tema, otra fecha importante es el 16 de diciembre, cuando Lozano remitió una carta a la fiscal Ninaquispe Gil por medio de la cual se ponía a disposición para el esclarecimiento de la denuncia.

Pero esto solo habría respondido a una estrategia legal, para conocer los resultados que hasta ese momento tenían los fiscales, pues en el entorno del gobernador ya conocían que un aspirante a colaborador eficaz estaba aportando valiosa información.

No se puede pasar por alto que la Fiscalía contra el Crimen Organizado también realiza indagaciones que podrían comprometer seriamente a Lozano

El 11 de diciembre, el fiscal, Juan Carrasco Millones, recabó expedientes en el Gobierno Regional sobre la selección del broker de seguros para el Proyecto Especial Olmos- Tinajones (PEOT).

Carrasco reveló que el exconsejero, Esar Aguilar Valdera, declaró haber conocido que la designación de la empresa Roma Corredores de Seguros SAC se concretó tras la entrega de una dádiva económica a uno de los hijos del gobernador.

La caída

A más de tres meses de investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque ejecutó, el 27 de enero, la captura de Lozano y de otros 16 implicados.

Pese a que la mayoría de ellos niega participación en la entrega de coimas; desde aquella fecha han surgido indicios y revelaciones sobre la modalidad de corrupción que habría reinado en La Victoria y que luego se habría replicado en el GORE.

Lozano no pudo soportar la detención y se internó en una clínica, donde su condición habría empeorado y tuvo que ser operado tres veces, según aseguraron sus familiares.

En el pedido de prisión preventiva no solo destacan las declaraciones del aspirante a colaborador N° 218-2020, sino también de Samuel Caján Aguinaga y Walther Padilla Mera; los contratistas detallaron los pagos realizados al exalcalde en la oficina municipal y en la tienda La Economía, ubicada en la calle Elías Aguirre.

El viernes por la noche, el Décimo Juzgado de Investigación de Chiclayo, declaró fundado el pedido de prisión preventiva. El juez, Reynaldo Leonardo impuso la misma medida para Harry Gonzales Solano, Wilfredo Castro Carmona, Alejandro Criollo y Osmán Yangua Criollo.

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