En la región Lambayeque, trabajadores de la Empresa Industrial Pucalá protestaron por ausencia de pagos hace más de un año. Además, por el cambio de representantes en la entidad; lo que perjudicaría la producción diaria y aún más la economía de los azucareros.

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Los hechos

A través de disturbios, trabajadores de la Empresa Industrial Pucalá realizaron una protesta, debido a que, según denuncian, no se les ha cancelado 65 quincenas. Asimismo, se mostraron en desacuerdo con el desarrollo de la asamblea, que se ejecutó a fin de elegir a nuevos representantes de la empresa azucarera.

Edmundo Gálvez Rodríguez, representante de los créditos laborales de la Industrial Pucalá SAC y Agropucalá SAA, manifestó que la asamblea se llevó a cabo de manera irregular porque se realizó en la ciudad de Chiclayo, en lugar de su centro de trabajo (Pucalá), y no contó con la participación de algunos trabajadores de la entidad.

Añadió que Max Ayora Inoñán fue destituido de su cargo como representante siendo reemplazado por Sonia Alva Rodríguez; quien sería “boicoteada”.

“Pretenden aburrir a Sonia Alva para que renuncie y permitir el regreso de Max Ayora”, contó.

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Electos

Por otro lado, se informó que los trabajadores activos y jubilados de la empresa Industrial Pucalá SAC eligieron a los representantes de los acreedores laborales de dicha empresa.

Durante el acto electoral llevado a cabo con presencia policial y la participación del Ministerio Público, resultaron elegidos por unanimidad los dirigentes Patricio Burga Peralta y Alfonso de la Torre Urbina, quienes asumen los cargos de representante titular y alterno respectivamente.

Los elegidos anunciaron que tienen como prioridad brindar las facilidades necesarias para que reinicie, a la brevedad posible, la molienda de caña de azúcar en la fábrica de la empresa, a fin de restablecer los pagos de trabajadores que han sido perjudicados hace más de un año, por acciones de gente externa a la empresa, los mismos que impidieron el desarrollo rutinario de las labores productivas de los azucareros.

Del mismo modo, Edmundo Gálvez mencionó que debido a las presuntas irregularidades con las que se llevó a cabo la asamblea, cien trabajadores, que debieron tener participación, desconocen los acuerdos establecidos en la reunión. Además, los afectados por la gestión de Max Ayora serían un promedio de 2 mil azucareros.

Cabe precisar que Max Ayora presenta una acusación ante el Poder Judicial por los presuntos delitos de defraudación tributaria y lavado de activos, por no justificar más de 770 mil soles en su gestión como representante de la empresa azucarera.

Asimismo, se encuentra en calidad de investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque según la disposición emitida el 09 de agosto de 2022 por la fiscal Ana Zegarra Azula.