A través de un segundo informe, la Contraloría General de la República confirmó irregularidades en la licencia que otorgó la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chiclayo a la consejera regional de Lambayeque, Gisella Fernández Muro.

El documento ya ha sido enviado al gobernador regional Luis Díaz Bravo para que adopte acciones correctivas, ya que este beneficio habría generado un perjuicio económico de S/22,918.

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El informe de acción de oficio posterior N° 016-2022, emitido el pasado 26 de abril, señala que Fernández Muro recibió una licencia con goce de remuneración por mayores días a los que establece la normativa vigente. Este beneficio se otorgó desde el 01 de marzo del 2019 al 30 de noviembre de 2021, por un total de 80 horas semanales.

Sin embargo, la Contraloría argumenta que la Ley de Reforma Magisterial (N° 29944) y su Reglamento establecen que a los profesores elegidos como consejeros regionales solo les asiste 01 día semanal de licencia, por el tiempo que dure su mandato.

En el caso de Fernández Muro, el informe concluye que se benefició con un exceso de 163 horas de licencia con goce de remuneración.

A inicios de 2019, la consejera presentó su expediente de licencia a la UGEL Chiclayo. Pero el entonces director de esta entidad, Darío Balcazar Quintana, emitió una resolución que solo le otorgaba licencia por 1 día semanal.

En abril de ese año, Fernández interpuso un recurso de apelación, aduciendo que el tiempo de licencia era de 80 horas semanales en base al artículo 19 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Un mes después, la oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Chiclayo declaró fundados los argumentos de la consejera, y se emitió una nueva resolución a su favor. Para la Contraloría, la entidad no realizó “una interpretación sistemática” de la Ley de Reforma Magisterial y tampoco sustentó los motivos por lo que cambió de opinión con respecto a la licencia.

“Cabe resaltar que cuando se emitieron los actos administrativos ya existían pronunciamientos técnicos emitidos por la máxima Autoridad del Servicio Civil”, asegura el ente de control.

En su momento, la consejera calificó esto como “una persecución política” y afirmó que los cuestionamientos a su licencia surgieron con la gestión del gobernador regional Luis Díaz Bravo.