Fiscalía también les atribuye los delitos de falsificación de documentos y lavado de activos.
Fiscalía también les atribuye los delitos de falsificación de documentos y lavado de activos.

Un grupo de contratistas que obtuvo millonarios contratos del Gobierno Regional (GORE) de está en la mira de la Fiscalía.

Los graves indicios de los delitos de falsificación de documentos, banda criminal y lavado de activos encontrados por la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo, motivaron que este despacho derive los hallazgos a su par de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, mediante la disposición N°. 4 de fecha 10 de diciembre.

Concertaron

Las irregularidades encontradas se habrían registrado durante el periodo del suspendido gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, actualmente investigado por hechos de corrupción en su mandato.

Esta vez la denuncia de la Tercera Fiscalía Penal compromete a: Ángela Collantes Pinedo, Elmer Oswaldo López Cruz, Juan Carlos Farías Vera, José Christian Villa Moscayza, Johnatan Rodríguez Cruz, Elis Pérez Mendoza y Edgar Guillermo Cuipal Mendoza.

Según la investigación fiscal, todos estos implicados participaron en los consorcios Túpac Amaru y Lagunas

(representados por Ángela Collantes), y que lograron contratos con el GORE en octubre del 2020.

Sin embargo, para hacerse de las adjudicaciones presentaron documentación fraudulenta y de esa manera lograron cobraron adelantos de obra por los montos de

S/1′245,906, S/1′559.627 y S/1′039,751.

Este dinero fue abonado a la cuenta corriente del contratista ACP Obras y Proyectos EIRL, de propiedad de Collantes, el cual integraba el consorcio “Lagunas”.

Debido a que se verificó la falsedad de las cartas fianza, el Gobierno Regional tuvo que resolver los contratos, con lo cual se vio truncado el objetivo de construir 12 instituciones educativas ubicadas a lo largo de la región.

Cabe señalar que las cartas fianza N°. 2020-137, N°. 2020-00139 y N°. 2020-00157 fueron entregadas por Johnatan Rodríguez a sus coimputados JoséVilla y Edgar Cuipal, quienes eran los encargados de gestionar los indicados documentos.

Por estos indicios, la Fiscalía sostiene que los denunciados habrían actuado de manera concertada para cometer delitos contra la fe pública y delitos contra la administración pública.

En los tres casos, los funcionarios firmaron los contratos y después verificaron las cartas fianza. Luego aprobaron los adelantos de obra por sumas superiores al millón de soles, por lo cual se sospecha que los contratistas habrían contado con la complicidad de personas al interior de la entidad regional, para facilitar las operaciones.

Sobre el delito de lavado de activos, la Fiscalía anota que luego de haber recibido los adelantos de obras, Collantes realizó trece transferencias bancarias a nombre de Johnatan Rodríguez, José Villa, Edgar Cuipal y a Angela Mejía Pastor para dar apariencia de licitud a estas sumas dinerarias, pese a conocer que estas provenían de actividades ilícitas.

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