Trabajadores de la empresa Agropucalá protestaron ayer reclamando el pago de sus sueldos y gratificaciones atrasadas, pero en respuesta recibieron disparos con perdigones por parte del personal de seguridad de la excooperativa.
Dos de los manifestantes resultaron heridos, tal como se aprecia en los videos grabados segundos después del ataque. En esos momentos, fueron trasladados al centro de salud del distrito para recibir atención médica, pues sangraban producto de las heridas.
Hechos
Enardecidos, los trabajadores acudieron a la comisaría de Pucalá para protestar por la inacción de los policías. Desde allí, invocaron al jefe de la macro región policial, general PNP Jhonny Veliz Noriega, que intervenga ante un supuesto blindaje a favor de los administradores de la empresa azucarera.
“La Policía conoce que hay armas de largo alcance en las instalaciones de la empresa y no hace la requisa correspondiente. Hoy día (ayer) han herido a dos trabajadores, mañana (hoy) de repente matan a un trabajador”, dijo el abogado Edmundo Gálvez.
Mientras tanto, la empresa Agropucalá emitió un comunicado informando que “la molienda de las cañas se ha visto paralizada en diversas ocasiones, debido a actos delincuenciales perpetrados por malos elementos que tratan de perturbar nuestras actividades laborales”.
No obstante, a pesar de estos obstáculos, “con el compromiso de la mayoría de los trabajadores hemos podido reiniciar nuestra molienda el día domingo, y generar los recursos para el día de mañana 11 de enero (hoy) pagar el saldo de la gratificación”.
Sin embargo, horas más tarde, los trabajadores acudieron a la sede del Ministerio Público de Lambayeque para formular la denuncia. Uno de los heridos, Elías Gonzales Juárez, trabajador del anexo Batangrande, desmintió dicho comunicado.
“Yo soy trabajador activo de Pucalá, tengo 25 años de servicio, no soy ningún delincuente. Hemos ido a reclamar nuestros pagos porque hace tiempo nos vienen engañando mediante comunicados y desde el interior nos han disparado. Pedimos hablar con los administradores Patricio Burga y Gustavo Bustamante, pero no salieron y más bien creo que ordenaron que nos tiren bala”, dijo.
Del mismo modo, el trabajador Luis Villegas Barranzuela se presentó en la Fiscalía para hacer la denuncia. “He ido a reclamar mi pago y me han llenado de perdigones la espalda. Los miembros de seguridad de la misma empresa han sido”, manifestó.
Denuncia
Asimismo, los trabajadores representados por Marcelino Zeta García han hecho una denuncia contra 33 personas y 15 empresas por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, en agravio de Agropucalá S.A.A. e Industrial Pucalá S.A.C.
“Pucalá está pasando una de sus peores crisis económicas, sociales y financieras; pero, por el contrario, los denunciados han creado varias empresas y ahora ostentan un gran poder económico e ingentes cantidades de dinero y patrimonio generados en los últimos seis años desde el mes de agosto del 2014″, consta en la denuncia.
El principal denunciado es Maxs Ayora Inoñán, quien – según manifiestan – no ostenta mucho patrimonio a su nombre, pero utilizaría a sus familiares y amigos íntimos para apropiarse supuestamente de los recursos de la excooperativa.
“Ellos ahora cuentan con empresas que realizan movimientos financieros sospechosos con la finalidad de lavar dinero producto de la producción de caña de azúcar que Maxs Ayora se apropiaría de la empresa Agropucalá e Industrial Pucalá y de la defraudación tributaria”, se lee en la denuncia.
Precisan que dichas empresas “sospechosamente fueron creadas desde que Ayora Inoñán asumió el control de Agro e Industrial Pucalá”, al ser nombrado gerente por los administradores judiciales, Luis Dávila, Yolanda Pérez y Paulina Zapata.
Según la carpeta N° 506014505–2021, además de los arriba citados, también figuran: Alexander Timaná Izaga, Alex Neyra Guerrero, José García Vílchez, Ángela Medina Ruiz, Jackeline Ayora Inoñán, Blanca Vargas Villalobos, Catherin Cienfuegos Quiroz, José Ocaña Vargas, entre otros.
Descargo
Al respecto, Maxs Ayora Inoñán negó tajantemente los hechos que le atribuyen los trabajadores y aseguró que dicha denuncia ya ha sido archivada en el Ministerio Público de Lambayeque.
Para ello, mostró la disposición que emitió el fiscal Carlos Osores Padilla, de la Segunda Fiscalía Provincial de Chiclayo, quien resolvió que “de los hechos expuestos no se evidencia alguno con relevancia penal, ni se ha precisado la participación de cada uno de los denunciados…”.
“Nadie puede ser investigado dos veces por el mismo hecho. Si ese señor (Marcelino Zeta) estuvo disconforme con el archivo debió impugnar. Lo voy a denunciar por andar ruleteando denuncias en distintas Fiscalías del país”, señaló Ayora.
Asimismo, dijo que únicamente tiene una investigación por defraudación tributaria pero se encuentra seguro que será archivada, pues cuenta con el sustento para demostrar su inocencia. “Más que una pericia, tengo una resolución de la Sunat que señala que mis cuentas están en regla y pediré el archivo del caso”, señaló.