El ciudadano José Patricio Burga Peralta asegura que es blanco de una investigación penal derivada de una denuncia maliciosa interpuesta por el abogado Edmundo Gálvez Rodríguez.
Burga está comprendido en una indagación de la Primera Fiscalía Penal de Chiclayo por los presuntos delitos de falsedad genérica, fraude procesal y abuso de autoridad (carpeta N° 1182-2023) junto a Anderson Silva Córdova, funcionario de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos del Ministerio de Trabajo.
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El caso ingresó en febrero de este año al despacho de la fiscal provincial, Gloria Samillán Vallejos, pero de acuerdo a Burga esta magistrada no sería competente para realizar las diligencias, ya que el supuesto hecho delictivo ocurrió en la ciudad de Lima y esta es la jurisdicción que debe analizar lo sucedido.
Además señaló que la denuncia configura “una practica ilícita de ruleteo que utilizan malos abogados, para que casos sin ningún sustento sean admitidos y tramitados por fiscales parcializados, de cuestionable reputación que puedan favorecer intereses ilegales de los denunciantes”.
Y explicó que esto constituye una falta, que la Ley de Carrera Fiscal sanciona con suspensión de 4 meses hasta con destitución del cargo. El último lunes, Burga solicitó a la fiscal Samillán que “anule su ilegal disposición fiscal de investigación” seguida en su contra.
En el contexto de los litigios legales sobre la empresa Agro Pucalá, José Burga está en el lado que cuestiona a Edmundo Gálvez, tal como se ve en sus publicaciones de redes sociales.
En el documento dirigido a Correo señala que Gálvez es “un supuesto representante de los acreedores laborales que resultó de una elección indebida”. También recordó que dicho abogado fue sentenciado por delitos de usurpación de funciones y estafa, y que estuvo envuelto en el cobro de una coima en un Juzgado de Pucalá.
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