En graves aprietos. La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque solicitó 16 años de cárcel para el gerente general de la empresa Pucalá, Max Ayora Inoñán, por los presuntos delitos de defraudación tributaria (6 años) y lavado de activos (10 años).

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La fiscal Ana Zegarra Azula presentó el requerimiento acusatorio ante el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Aduaneros, Tributarios y de Mercado de Lambayeque.

Defraudación

Según consta en el expediente N° 10 – 2016, el caso inicia con la denuncia que presentó Gerardo Peralta Cadenillas, presidente de la Asociación de extrabajadores activos, viudas, herederos, accionistas y acreedores de Agropucalá SAA e Industrial Pucalá SAC.

En la denuncia advierte que Ayora Inoñán trabajó como gerente de ambas compañías desde el año 2005 hasta agosto de 2010, fecha en que se efectuó el nombramiento de una tercera administración judicial que lo habría indemnizado con S/1′200,000.00 por concepto de beneficios sociales.

Sin embargo, no queda claro cómo es que se le paga dicho monto, el cual no declaró ante la SUNAT y por ello dicha entidad inicia un proceso por presunta evasión tributaria en el ejercicio 2010.

En dicho proceso se detecta un incremento patrimonial no justificado por S/3′829,007.00. Pero se acoge al régimen temporal y sustitorio del impuesto a la renta (Decreto Legislativo 1264) hasta por S/2′843,609.00.

“El monto no justificado es de S/719,558.00, dinero que declaró a la SUNAT, pero que no pudo justificar su procedencia, evadiendo de esta manera los impuestos, causando un perjuicio económico al Estado de S/99,021.00 que corresponde al impuesto dejado de pagar más los intereses”, consta en la acusación por defraudación tributaria.

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Lavado

Respecto al delito de lavado de activos, se le imputa haber convertido sus ganancias obtenidas de la evasión tributaria en otro tipo de bienes, a través de la compra de dos inmuebles y un vehículo.

También giros de cheques de gerencia en donde él figura como ordenante y beneficiario, transferencias al extranjero, préstamos de dinero, viajes al exterior del país, y la constitución de una empresa, lo que hace un total de S/770,943.74 el incremento patrimonial no justificado, según el informe pericial contable de la Fiscalía.

Así también, se tiene que el 28 de setiembre de 2006, Max Ayora compra 394 acciones a doña Santos Tapia Fernández por el precio de S/1.00 cada una, según la Escritura Pública 8023, donde no se exhibió medio de pago.

También habría ocultado el recibo de cantidades de dinero de la empresa Agropucalá, para la cual laboró durante un periodo de 05 años, 05 meses y 13 días, percibiendo una remuneración mensual de S/8,152.00, recibiendo al cese de relaciones laborales S/218,435.80 por concepto de remuneraciones insolutas, vacaciones no gozadas, gratificaciones impagas y CTS.

Asimismo, se habría girado a su favor el cheque de Gerencia N° 00001394-2-011 del BBVA el pasado 31 de agosto de 2010 por la suma de S/918,565.00, según consta en la copia simple de la adenda al convenio de pago de beneficios sociales y compromisos mutuos que entregó el denunciante.

“Sin embargo, Max Ayora Inoñán siempre negó la entrega de esta cantidad de dinero por dicha empresa, pero durante el proceso de fiscalización de la SUNAT, lo declaró, sin justificar su procedencia”, consta en la acusación fiscal.