Lambayeque: Insultan a Acuña, apartan a Aguinaga y Sunedu deja sin piso a exrector Ramos

Los acontecimientos que marcaron la última semana del 2015 en la región Lambayeque tuvieron como principales protagonistas nada más y nada menos que a nuestras propias autoridades. Tres personajes políticos que no tuvieron una mejor manera de despedir el año viejo que acaparando las portadas de Correo.

El primero en figurar fue el gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, quien resultó pifiado durante la audiencia pública de rendición de cuentas. Servidores públicos le gritaron “incapaz” y “mentiroso” por no reconocerles un beneficio económico que les fueron descontados de sus salarios.

APARTADO. El segundo en la palestra es el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco. Su afán reeleccionista quedó truncado luego que la lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, le bajara el dedo junto a los demás parlamentarios que conforman la “vieja guardia” del fujimorismo. Él mismo terminó aceptando que su pasado ligado a las esterilizaciones forzadas aún lo persigue.

Sin perder la costumbre, el investigado Agustín Ramos García se encargó de cerrar la semana y de paso el año con su idea de permanecer en el cargo de rector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG). Esto, pese a que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) hizo público el reconocimiento como nueva autoridad al catedrático Jorge Oliva Núñez, el exrector mantiene aún su posición de desacato.

Los problemas en las azucareras no dejaron de resaltar en la última semana del 2015 como si nos anunciaran que en este año nuevo la crisis recrudecerá. En la excooperativa Tumán la Fiscalía incautó otra arma de fuego que estaba en posesión de un trabajador vinculado, al parecer, a “Los Wachiturros”; mientras que en la empresa Pucalá se dio a conocer que el actual gerente general, Max Ayora Inoñán, es investigado por la Fiscalía por lavado de activos.

Del mismo modo las gestiones municipales de alcaldes de Alianza Para el Progreso (APP) dieron qué hablar en las últimas horas del año pasado. En el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo se descubrieron extraños permisos a discotecas que no cumplían con los requisitos y en la municipalidad de Ferreñafe se aprobó una ordenanza que permitía el pago de asesoría con dinero del Estado a funcionarios investigados.