En serios aprietos. Una supuesta organización criminal nacida en el interior de la Policía Nacional con la única consigna de ganar dinero ilícito, habría estado operando desde hace algunos años en las regiones de Lambayeque y La Libertad.

Se trataría de una mafia conformada por 32 personas, entre los que destacan conocidos oficiales y suboficiales de la Dirección Territorial Policial de Chiclayo, quienes inicialmente fueron investigados por la compra sobrevalorada de equipos de bioseguridad, en plena pandemia.

PAGOS

Ahora, enfrentan una investigación por el presunto delito de lavado de activos, pues existen indicios de que habrían recibido y convertido dinero, entregado por los proveedores que resultaron beneficiados con las compras de implementos de protección contra la Covid-19.

El caso es investigado por la fiscal Manuella Villar Ramírez, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, quien dio inicio a las diligencias en base a un informe (confidencial) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En la Disposición N° 03, comprendida en la carpeta 506015703 – 2020, la fiscal sostiene que Giovanna Genoveva Luna Rojas (esposa del comandante PNP Edward Santillán Hidalgo) constituyó la empresa Inversiones Cear SAC junto a su madre Genoveva Rojas Correa y la participación de su amiga Claudia Hernández Cornejo.

Sospechosamente, durante el periodo 2015 – 2020, esta empresa obtuvo ingresos que suman 7 millones 734 mil 585 soles, de los cuales el 92% los ganó de contrataciones con instituciones del Estado.

“Estos ingresos provinieron de la II Dirección Territorial de Policía Chiclayo y la III Dirección Territorial de Policía Trujillo, parte de estos ingresos se presume que fueron entregados a miembros de la PNP y a exservidores públicos que se encargaban de las licitaciones de estas dependencias”, se lee en la disposición.

La fiscal menciona a cada uno de los efectivos policiales que recibieron depósitos o transferencias de dinero directamente de la proveedora, en otras ocasiones de su madre o de su amiga, arriba citadas. También se detectó que los fondos fueron ordenados por Karla Verónica del Pilar Guerrero Cabanillas, sobrina de la proveedora.

POLICÍAS

En la lista aparecen los policías: Wilson Ciro Llamo Corrales, Luis Javier Llamo Corrales, Teresita de Jesús Rodríguez Zurita, Carlos Manuel Torres Paico, Esteban Alfredo Alvarado Salas, Victor Raúl Rivadeneira Santamaría, Juan Robert Evangelista Miraval, Dalí Guerrero Quiñonez, Luis Alberto Chancafe Vera,Dennis Marcelino Gomero Ríos, Higo Raez Santillán Hidalgo y Benny Walter Zambrano Hernández.

Este último, actualmente ejerce el cargo de jefe de la Policía Anticorrupción de Lambayeque. “El comandante PNP Benny Zambrano Hernández, en el periodo 2017, habría recibido fondos de Giovanna Genoveva Luna Rojas”, consta en la disposición fiscal.

Asimismo, aparece otra empresa que habría realizado pagos indebidos a más policías. Se trata de JA & De Jade Diseño y Servicios Generales, constituida por Janeth Verónica Baldean Limaylla junto a Denissis Paola Mccoy Milanes, y la participación de Ramón Augusto Adnonaire Martínez.

De igual manera, genera sospecha que durante el periodo 2018 – 2020, esta empresa haya obtenido ingresos que suman 1 millón 544 mil 186 soles, de los cuales el 95% los ganó solo de contrataciones con la institución policial.

“El 95% de sus ingresos provienen de la II Dirección Territorial de Policía Chiclayo. Parte de este dinero habrían sido para miembros de la PNP y servidores públicos a cargo de las licitaciones de esta dependencia”, consta en la disposición.

La fiscal enumera también a los agentes que habrían recibido pagos de esta compañía: Eduardo Nicanor Fuentes Carmona, Vincen Edicson Coronel Calle, Marco Félix Granados Palma, Edgar Rodolfo Llanos Tarrillo y su cónyuge Yahaira Katherine Acuña Llaja. Esta última, habría ordenado la entrega de fondos para Jaen Oswer Yampufe Sánchez y José Vicente Campos Cayotopa.

Los exservidores públicos de la Dirtepol que habrían recibido dádivas son Rosario Teodelinda Villar Hoyos y Lee Jan Iglesias Ahumada.

INVESTIGACIÓN

La tesis de la Fiscalía es que los policías investigados habrían defraudado al Estado, y con ello habrían incrementado su patrimonio; por tal motivo ha dispuesto que se realice una pericia contable financiera respecto a sus ingresos, egresos y bienes.

“Resulta necesario que se cumpla con practicar la pericia, a fin de que se determine la existencia de un desbalance patrimonial, identificar conductas inusuales contables financieras (…) y determinar si existe una relación entre los ingresos, egresos y el patrimonio obtenido”, sostiene la fiscal.

Lo que es más grave aún, según información de la UIF, “existe la probabilidad de que los hechos que son materia de investigación hayan sido cometidos por una organización criminal propia del delito de lavado de activos. En ese sentido, resulta necesario realizar mayores actos de investigación”.

Por tal motivo, la Fiscalía amplió el plazo de la investigación por 28 meses, con la finalidad de “determinar la participación de los investigados en la organización criminal, lo cual permitirá establecer un esquema en concreto de las modalidades del delito de lavado de activos, que hayan realizado de manera conjunta y poder identificar una estructura en función de sus roles dentro de una red criminal”.

Por último, fijo el plazo de 90 días para la entrega de la pericia por parte de peritos designados por el Ministerio Público.