El Ministerio Público de José Leonardo Ortiz formuló su requerimiento acusatorio contra la autoridad edil y nueve de los once regidores que conforman el Concejo Municipal leonardino.

VER MÁS: Deja Fiscalía de Lambayeque para asumir Ministerio del Interior

Detalles

La pena solicitada por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de José Leonardo Ortiz, contra el burgomaestre Wilder Guevara Díaz y los concejales María Bustamante Díaz, Carter Garrido Campos, María Cabrera Díaz, Hilder Fernández Jara, Idelso Vizcarra Muñoz, Wilson Fernández Obregón, James Prado Ayala, Pamela Mairena Fox y Lucero Guevara La Torre, es de 4 años y 8 meses de pena privativa de la libertad y la inhabilitación de un año para ejercer la función pública.

El pedido fue formulado por el fiscal Martín Muñoz Basauri, luego de las investigaciones que realizó tras la denuncia formulada por el ciudadano y trabajador de la comuna leonardina Ronald Gonzáles Urbina, quien en el mes de mayo del 2019 denunció la omisión de actos funcionales y la usurpación de funciones de la autoridad edil y los citados regidores.

Gonzales Urbina denunció el cierre de la Plaza Cívica del distrito, luego que la comuna firmara un convenido con la empresa China Jiuhe, que instaló juegos mecánicos en su interior, cerrando todo el contorno de la Plaza Cívica.

En su momento se cuestionó que el convenio firmado exoneraba el pago de impuestos a la citada empresa extranjera, lo que no le competía a la entidad edil; sino al Congreso de la República, que figura como agraviado.

El Ministerio Público además solicita una reparación civil a favor del Parlamento Nacional de 8 mil soles y también la misma cantidad para la comuna distrital.

Este proceso será conocido por el Juzgado Penal de José Leonardo Ortiz el próximo 12 de agosto a las 10 de la mañana.

Al respecto, Gonzáles Urbina dice esperar que el Juzgado que analice el caso lo haga en apego de la ley y emita una sanción ejemplar contra los acusados, que en este caso, actuaron sin respectar la ley.

Recordó que la Plaza Cívica estuvo cerrada aproximadamente desde el mes de mayo del 2019 hasta el mes de agosto del mismo año y no representó ingresos económicos para la comuna distrital.

“Según el convenio firmado entre la empresa China y la comuna distrital, debió darse mejoras a la infraestructura de la comuna; sin embargo, éstas nunca se dieron”, remarcó.

Añadió que existe un vídeo en la que se escucha decir a un intermediario del convenio, que en agradecimiento al documento firmado la empresa China preparó un ágape para todo el concejo municipal.

“Voy a continuar en las denuncias que he formulado por las presuntas irregularidad en la gestión. Esta decisión del Ministerio Público me incentiva a continuar investigando esta gestión”, remarcó Gonzáles Urbina.

VER AQUÍ: Ley prohíbe a fiscal Juan Carrasco, actual ministro del Interior, participar en política

Descargo

El regidor Idelso Vizcarra indicó que desconoce la decisión fiscal, pero acudirá a las citaciones de las autoridades judicial para esclarecer el tema.

“Desde mi punto de vista no hemos hecho abuso de autoridad. Si la empresa china incumplió acuerdos, debió ser emplazada para que lo haga”, manifestó.

A su turno el regidor Carlos Rodas, quien votó en contra de la aprobación del convenio, manifestó que desde un inicio este acuerdo fue informal.

“Desde mi punto de vista el responsable de esta situación es el alcalde Wilder Guevara, por la informalidad con la que trabaja y que no pudo hacer que la empresa china cumpla el convenio”, remarcó.

Añadió que extranjeros fueron promovidos por Rangiro Nakano, hoy sentenciado por corrupción por un caso en la comuna de Cayaltí, y le “vendieron humo” a la comuna incumpliendo el convenio.

Correo buscó la versión del alcalde Wilder Guevara pero no fue posible ubicarlo.