Un grupo de trabajadores de la Empresa Agropucalá llegaron ayer hasta la sede del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo para exigirle a la jueza Liz Karina Fabián Palomino que apruebe el cambio de la administración judicial.

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El personal de la azucarera rechazó que Maxs Ayora Iñoñan -investigado por la Fiscalía- continúe manejando de forma indirecta la empresa debido a que siguen afectados por salarios impagos.

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Con cañas de azúcar y la réplica de un ataúd, los trabajadores denunciaron que la magistrada Liz Fabián aún no emite la resolución judicial para el reconocimiento de la administradora concursal Yenny Herrera Llamocca.

Hasta el momento, no se ha logrado que la nueva administración se inscriba en Registros Públicos. Sin embargo, Carlos Salvador Cayotopa explicó que el fallo de la jueza ayudaría a que se subsanen las observaciones ante Sunarp para el reconocimiento formal de la nueva administración.

“Ese trámite es muy importante para todos los trabajadores. Esta lucha es constante por la situación tan crítica que estamos atravesando”, expresó el dirigente.

Según indicó, al personal activo se le adeuda 56 quincenas mientras que a los jubilados, aún no se les paga hace más de dos años.

“Las administraciones judiciales han dejado en la bancarrota a Agropucalá”, lamentó.