La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró compleja la investigación sobre la compra de 14 compactadoras que hizo la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), valorizada en más de S/8 millones.

MIRA AQUÍ: Chiclayo: Menor gestante confiesa en hospital que su padrastro la violó

Si bien el plazo inicial de la investigación preliminar fue de 120 días, este varió a ocho meses, los cuales se contabilizan a partir de marzo de este año (cuando se dispuso la acción fiscal).

DETALLES

La investigación que inició la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la adquisición de compactadoras sigue su marcha, según pudo comprobar este medio.

El Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú, que firmó dos contratos con la municipalidad provincial, fue objeto de cuestionamientos por el acero con el que se diseño las cajas compactadoras así como los desperfectos que tuvo la maquinaria durante las primeras semanas de uso.

Además, los plazos de entrega se incumplieron pese a la ampliación que le otorgó la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas.

Como parte de las acciones preliminares, la Fiscalía dispuso solicitar información al municipio así como interrogar a los funcionarios y representantes del Consorcio.

De igual modo, fueron citados a declarar cinco de los regidores de oposición (Pamela Alva Carranza, Jony Piana Ramírez, Percy Espinoza Gonzáles, Randy Vegas Díaz y Karina Villegas Campos), quienes hicieron la denuncia pública de este caso.

El regidor Andrés Puell Varas, junto a otros miembros del concejo, solicitó conocer qué acciones se tomaron tras el primer informe que emitió la Contraloría General de la República.

Como se recuerda, esta entidad concluyó que el Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú incumplió las especificaciones técnicas mínimas que se fijaron en las bases de la licitación.

Adicionalmente, el comité de selección no verificó que la propuesta del acero a utilizar en los camiones compactadoras no cumplía con la normativa estadounidense denominada ASTM A-36.

Otro hecho que observaron fue que la propuesta del Consorcio ganador implicó un mayor costo, suponiendo un gasto adicional de S/1′300,000 a la municipalidad.

Recién el pasado 30 de junio, la secretaría general de la MPCh informó a los regidores que dicho informe fue enviado a la Procuraduría Publica Anticorrupción Descentralizada de Lambayeque.

Este despacho cuenta con el documento desde el 29 de abril de este año para iniciar acciones legales contra los dos funcionarios (Gino Chanamé Díaz y Carlos Montalvo Calderón) que tendrían responsabilidad penal al haber integrado el comité de selección que dio la buena pro al Consorcio.

Cabe señalar que vencido el plazo de 8 meses, la Fiscalía Anticorrupción determinará si formaliza una acusación contra los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública.

DATOS

Mientras tanto, la municipalidad provincial tiene pendiente la entrega de documentación a la Contraloría para un segundo informe que está elaborando sobre la etapa final de la compra, que incluye la conformidad y el pago de penalidades.

Fuentes consultadas por Correo explicaron que algunos documentos que pidió el órgano de control -sobre los pagos hechos al Consorcio- aún no han sido entregados por la comuna.

La Contraloría incluso solicitó información adicional sobre el proceso de recepción de las compactadoras, luego de haber hecho un inspección técnica a la maquinaria el pasado 18 de mayo.

“Hasta que no esté la documentación completa, no se puede emitir el informe”, indicaron las fuentes.