“Los Tumaneños del Azúcar”, así fue denominada por la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, una presunta red delictiva que habría estado vigente desde el año 2016.

A través de una reciente formalización de la investigación preparatoria, la Fiscalía programó múltiples diligencias contra los principales implicados en el presunto delito de organización criminal.

Reparto

De acuerdo a las indagaciones, el objetivo principal de esta red fue apoderarse de las ganancias de la Empresa Agroindustrial - EAI Tumán, que provenían de la comercialización del azúcar y caña.

Para cumplir sus objetivos, esta estructura criminal habría contado con el apoyo de jueces, notarios, profesionales de diferentes rubros y trabajadores de la referida excooperativa.

Entre los investigados se encuentran: César Sandoval Lozada (exadministrador judicial), Helene Gonzales Sánchez, Álex Neira Guerrero, Paquita Pérez Vásquez y Euler Zuñe Montalvo.

En la disposición fiscal, se precisa que estos habrían coordinado, para que desde la EAI se reconozcan deudas y se transfieran fuertes sumas de dinero a través de transacciones bancarias.

Con ese mecanismo se efectuaron diferentes reconocimientos de deudas, lo cual hizo un total de S/ 8 millones, pero este dinero habría terminado en las cuentas de César Sandoval y de Segundo Cajusol Flores (extesorero), y no habría sido justificado en el saldo de balances de Tumán.

Asimismo, se les imputa haber formulado demandas civiles en juzgados de Piura, Amazonas, San Martín, que están fuera de la jurisdicción de Lambayeque.

A criterio de la Fiscalía, las deudas serían ficticias, pero con ello se consiguió generar procesos judiciales, para luego solicitar medidas cautelares que permitieron mantener el control de la azucarera en manos de un determinado grupo.

Una situación que solo habría provocado pérdidas económicas a la azucarera.

No lo tocan

Aunque en un principio, fuentes de la Fiscalía de Crimen Organizado indicaron que el abogado Salatiel Marrufo Alcántara, actual jefe de asesores del ministerio de Vivienda, sería incluido en la formalización y que sería citado, esto no ha sido plasmado en la reciente disposición.

Consultamos al despacho del fiscal Luis Jaramillo Cubas, actual responsable de las diligencias, y solo informaron que la decisión responde a “una estrategia procesal”.

Cabe precisar que según el documento de formalización, Salatiel tiene condición de “denunciado”.

Ahí se describe que en su calidad de representante legal, este abogado reconoció varias deudas, entre ellas la de Álex Neira, de la Empresa Multinegocios del Pacífico SAC, por la suma de S/ 1′800,000.

Luego este acreedor recurrió al Juzgado Civil de Bagua y obtuvo una cautelar del juez Alberto Cohen Vela, justificándose en el monto pendiente a cobrar.

En la página 19 se puede leer que en diciembre del 2016, Sandoval Lozada y los exadministradores Daniel Rioja Sánchez y Martín Martínez Valdiviezo, “otorgaron poderes a favor de los denunciados Salatiel Marrufo, Wil Santamaría Soplapuco y Rober Rimarachín Carranza”.

También se explica que Salatiel firmó un contrato de molienda de caña de azúcar en enero del 2018, el cual estuvo vigente hasta enero del presente año. El pagaré fue firmado en Tumán a favor de la Empresa Alimenta Perú SAC.

Para esclarecer los hechos, la Fiscalía programó la toma de declaraciones de 89 ciudadanos, entre los que figuran el excongresista, Clemente Flores; el empresario Ernesto Flores y el exgerente de Agropucalá Max Ayora Inoñán.