Los candidatos en la mira por presuntos actos de corrupción

Faltan apenas 4 días para que los lambayecanos acudan a las urnas y mientras los candidatos se alistan para recorrer el último tramo de la campaña electoral, conviene tener en cuenta los cuestionamientos que varios de ellos afrontan a nivel del Ministerio Público (MP) o, incluso, al punto de haber dado lugar a una sentencia en el Poder Judicial.

Denuncias por presunta corrupción y condenas por diversos delitos, así como procesos por alimentos, son factores a tener en cuenta para quienes este 7 de octubre emitirán su voto.

INDAGACIONES. Si se habla de investigaciones vigentes por parte de la Fiscalía, uno de los casos que destaca es el del exalcalde de Chongoyape y actual candidato al gobierno regional de Alianza Para el Progreso (APP), Agustín Lozano Saavedra, quien fue incluido por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque dentro del caso “ferretería fantasma”.

La carpeta fiscal en cuestión, N° 262-2017, hace referencia a presuntos pagos irregulares de más de 300,000 soles por parte de la comuna chongoyapana a favor de una ferretería que pertenecería al actual burgomaestre -y por entonces regidor-, Alden Padilla Díaz. A inicios de año, este caso de supuesta colusión fue declarado complejo.

Mucho más avanzado se encuentra el proceso contra el exalcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, quien a la fecha postula al mismo municipio en las filas de Podemos por el Progreso del Perú (PP). Aunque Serrato afronta una larga lista de procesos, en la víspera se instaló la audiencia de juicio oral del único caso en su contra que, a la fecha, se encuentra en esta etapa.

Se trata de la acusación por los delitos de omisión de actos funcionales y malversación de fondos, en la cual, la Fiscalía solicita una pena de cinco años de cárcel para el exburgomaestre. Esto porque habría dado un fin diferente a dinero destinado a la creación de un albergue para personas con discapacidad.

En el distrito de La Victoria, está el caso del candidato de Acción Popular, Víctor Coronel Díaz, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicitó 7 años de cárcel por aparentes actos irregulares cuando fue funcionario de la Municipalidad Distrital de La Esperanza (Cajamarca).

De acuerdo a la carpeta fiscal N° 224-2015, Coronel es procesado como supuesto autor del delito de colusión junto a otros seis imputados. La Fiscalía acusa al candidato de haber permitido que un proyecto de más de 4 millones de soles sea ejecutada sin la presencia del supervisor, cuyas firmas serían falsificadas en el cuaderno de obra.

Mientras tanto, el aspirante de Somos Perú para el municipio provincial de Ferreñafe, Wilmer Sencie Llanos, afronta también un pedido de cárcel hecho en marzo de este año como parte de la carpeta fiscal N° 549-2009.

Casi diez años después de iniciada esta investigación, la Fiscalía acusó a 12 imputados, entre ellos, Sencie Llanos, por hechos registrados cuando era funcionario de la municipalidad que ahora busca liderar. El supuesto uso de maquinaria edil con fines particulares hizo que el Ministerio Público solicite, en el caso de Wilmer Sencie -quien luego fue alcalde del distrito de Pueblo Nuevo-, una pena de 14 años de prisión.

MÁS CASOS. Pero los antes mencionados no son todos los casos de exautoridades o exfuncionarios que ahora compiten en la carrera electoral. José Estela Campos, quien fue alcalde de Pucalá y que ahora busca volver como candidato del Apra en dicho distrito, aún debe responder ante el pedido de 4 años y 8 meses de cárcel que hizo el Ministerio Público en su contra por el presunto delito de malversación de fondos.

De acuerdo a los sostenido por la Fiscalía, Estela Campos habría recibido dinero para la ejecución de obras en Pucalá, las cuales, sin embargo, no fueron culminadas, con lo cual los montos serían destinados a terceros.

También está el caso de Carlos Salvador Cayotopa, aexburgomaestre de Pátapo, quien tambipen aspira retornar al sillón edil de la mano de Siempre Unidos. Hace poco, la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque formalizó otra investigación en su contra por el presunto delito de peculado, tras haberse detectado irregularidades en el pago para la construcción de un puente .

Dicha infraestructura, que era solo un componente de una obra mayor de pavimentación, no habría sido edificada por el consorcio a cargo de todo el proyecto, con lo cual este lograría cobrar por algo que no ejecutó, valorizado en 200,000 soles.

Otro caso no menos saltante es el de José Mirez Rimarachín, quien postula a la alcaldía distrital de José Leonardo Ortiz, aunque, hasta la fecha, sigue siendo investigado dentro del proceso principal del caso “Los Limpios de la Corrupción”.

En su momento, Mirez Rimarachín tuvo que ser internado en el penal de Chiclayo pues la Fiscalia sostuvo que habría realizado cobros irregulares durante la gestión del exalcalde Roberto Torres. En octubre del 2017, recuperó su libertad.

OTRAS SITUACIONES. Un caso que genera duda es el del candidato de Juntos Por el Perú al gobierno regional, Yehude Simon Munaro, quien en el 2014 fue denunciado por el entonces alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos Horna, por cuatro presuntos delitos, entre ellos, lavado de activos.

En su momento, el excongresista precisó a Correo que tal denuncia fue archivada, luego de que Burgos la interpusiera como respuesta a la que hiciera Simon contra él. No obstante, Correo tuvo acceso a un documento con fecha 15 de junio de este año remitido por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos al superintendente de la Sunat, solicitando información sobre la actividad tributaria de 8 personas.

De acuerdo al documento, que lleva la firma del procurador Miguel Ángel Sánchez Mercado, esos datos fueron requeridos con el fin de “coadyuvar en la investigación que se sigue ante el Ministerio Público” por presunto lavado de activos. Entre las personas que menciona el oficio, figura tanto Simon Munaro como otras que fueron incluidas en la ya mencionada denuncia de Carlos Burgos.

Sobre esto, Yehude Simon dijo desconocer cualquier pedido de información y aseguró, en todo momento, que la denuncia de Burgos no prosperó.