Más de 9 mil taxis formales que circulan en Chiclayo no cumplen la norma de seguridad emitida hace 17 años por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

Según el Decreto Supremo N° 58-2003-MTC, para que el taxista brinde servicio al público, su unidad deberá contar con un peso de mil kilos y un motor de más de 1250 de cilindraje.

Como es evidente, dicho dispositivo ha sido letra muerta por años; pero actualmente existe una impronta en los municipios por ejecutar la norma, conforme a la realidad de cada departamento. De esta manera, muchas autoridades también se ahorrarán denuncias penales por omisión de funciones.

Después de reuniones de trabajo con los gremios de taxistas, los técnicos de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes del municipio de Chiclayo presentaron la semana pasada un proyecto de ordenanza al MTC, donde se establece que los vehículos que no se adecúan al D.S. N° 58-2003 serán retirados de manera gradual y reemplazados por otros más seguros.

Esta alternativa no perjudica económicamente a los transportistas y a las empresas. Así lo afirmó el gerente de Desarrollo Vial y Transportes, Edwin Vásquez Sánchez.

“El 90 % son vehículos que no cumplen con los requisitos. Ante esta situación, si actuamos a rajatabla, se generaría una crisis social porque miles de taxistas se quedarían sin empleo”, dijo.

El objetivo es una salida progresiva a través de un cronograma, con el afán de conseguir la renovación del parque automor.

La base de datos del municipio registra más de 11 mil taxis formales. Para gran parte de este grupo, la concesión que les permite dar el servicio ya venció, o está cerca de hacerlo. Es aquí donde entra en juego el decreto del MTC, pues para renovar su autorización, los choferes deberán acreditar que cumplen con el peso y cilindraje.

El cambio propuesto podría ejecutarse en base al año de fabricación. Así, se aplicará un periodo de 10 años de prórroga, lo que quiere decir que si un taxi cuenta con año de fabricación del 2011, su retiro se concretará en el 2021 y así sucesivamente. El límite respecto a la fabricación es el año 2017.

“Se les dará la autorización por única y última vez hasta que terminen de renovarse”, agregó Vásquez.

Sin embargo, el funcionario aclaró que la implementación de la propuesta técnica dependerá del visto bueno de la cartera de Transportes.

Por su parte, Segundo García Sánchez, presidente de la Corporación Regional de Empresas de Taxi, señaló que desde el año pasado se planteó a la comuna una solución que no afecte al sector.

“Esto no es responsabilidad de los transportistas, es la municipalidad la que ha permitido que ingresen vehículos que no se rigen al decreto del ministerio”, sostuvo.

También dijo que la inseguridad por el peso y cilindraje es más grave en el ámbito informal, porque hasta el momento la autoridad municipal no ha conseguido aplicar mecanismos efectivos de fiscalización.