Más hechos irregulares empañan a la UNPRG

En dos meses, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) decidirá si otorga la licencia institucional a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG).

Pero mientras se define su continuidad, aparecen dos hechos que comprometen la distribución del presupuesto y la designación de su personal. Para el rector de la UNPRG, Jorge Oliva Núñez, esto no afecta el proceso de licenciamiento.

DETALLES

Las bases de esta contratación -que aún no se ha firmado- mencionan que se repartirá, entre los profesores, 712 vales de S/ 200 y la misma cantidad para vales de S/250 y S/300.

Es decir, un total de 2,136 vales de consumo solo para docentes. El personal administrativo, en cambio, se beneficiará con vales de 300 y 250 soles. El gasto por ambas entregas llega a ser de un millón 182,550 soles.

De acuerdo a los documentos entregados por la universidad, el desembolso se financiará con los recursos directamente recaudados.

Esto significa que no solo de los ingresos generados por todas las facultades de la UNPRG, sino también, el dinero proveniente de otros oficinas, como la Escuela de Postgrado.

La universidad señala que, con esta contratación, busca cumplir con sus obligaciones laborales, ya que se basa en los pactos colectivos que ya han sido aprobados para trabajadores y docentes.

"Los mismos que permitirán la atención prioritaria de las necesidades básicas que contribuyan a la economía familiar, generando bienestar familiar, social y mejora de la calidad de vida", reza el requerimiento.

Lo cierto es que los vales de consumo no mencionan ninguna restricción. De efectuarse el contrato, los trabajadores y docentes podrán canjear alimentos "y otros artículos" que ofrezcan en las tiendas y/o sucursales del proveedor.

Entre los requisitos, se menciona que la empresa ganadora deberá contar con tiendas y/o sucursales a nivel nacional.

Y aunque la lista de productos que deberá ofrecer incluye bienes de primera necesidad (como abarrotes, verduras y frutas), se destaca un "etcétera" que podría abarcar la compra de artículos más costosos.

Incluso, se ha considerado como beneficios adicionales que los vales de consumo participen en "todas las promociones y ofertas" que se encuentren vigentes cuando el trabajador o docente realice sus compras.

El rector de la UNPRG sostuvo que los pactos colectivos fueron autorizados en gestiones anteriores. En el caso del beneficio de los vales de consumo, este habría sido solicitado desde el 2016.

Sin embargo, según dijo Oliva Núñez, recién este año se determinó que existía presupuesto disponible para ejecutar la adquisición de los vales.

Además, argumentó que el proceso de licitación ha sido lanzado con el aval de distintas áreas de la universidad y negó que esta compra afecte lo invertido para el proceso de licenciamiento.

"Creo que esto se tiene que regular porque es el último año que podrían tener. A partir del próximo año es imposible porque los recursos serán destinados solo a fines educativos. Ellos también presionan (a través del sindicato) para que se les cumpla, si no demandan al rector", expresó.

PRESCRIBIÓ

La Defensoría del Pueblo descubrió que Aquino Delgado -quien se desempeña como profesor del taller de danzas- fue condenado en 2012 como autor del delito contra la libertad sexual en la modalidad de actos contra el pudor en agravio de una menor de edad.

La sentencia fue dictada, según el expediente N° 2291-2011, por el Juzgado Colegiado de Chiclayo. Inicialmente, la pena que se le impuso a Aquino Delgado fue de 4 años de cárcel efectiva, pero esta condena fue cambiada a 205 jornadas de servicio comunitario.

Sin embargo, la Defensoría aclara que la sentencia quedó consentida y ejecutoriada, por lo que correspondía la aplicación del artículo N° 01 de la Ley N° 29968 (aprobada en 2017).

"La sentencia consentida o ejecutoriada condenatoria contra el personal docente o administrativo (...) por cualquiera de los delitos de violación de la libertad sexual (...) acarrea su separación definitiva o destitución", señala el referido artículo.

Pero además de la condena dictada en su contra, Aquino Delgado fue quejado ante el rectorado de la UNPRG desde el 2010. La Defensoría confirmó que tuvo una amonestación, fue quejado por el pedido de un reembolso de pasajes por un viaje a Loja y la adquisición de buzos para un taller de danza.

Pero estos dos últimos casos prescribieron y no se pudo concluir alguna indagación. En 2016, también fue denunciado por una presunta agresión verbal a un estudiante. Casi tres años después de conocer la denuncia, la secretaría técnica decidió iniciar un proceso administrativo contra el docente.

Oliva Núñez aseguró que Aquino Delgado solicitó ser reincorporado al área de responsabilidad social, donde trabajaba, mediante una medida cautelar.

Según explicó, el trabajador obtuvo un fallo favorable y fue enviado a otra área. "No teníamos conocimiento (de la condena). Si hay una indicación de la Defensoría, se haría una separación temporal o definitiva", agregó.