Once escolares víctimas del delito contra la libertad sexual

De los más de 336,000 escolares que existen en la región Lambayeque, la Defensoría del Pueblo investiga el delito contra la libertad sexual en agravio de 11 alumnas, por parte de trabajadores del sector Educación, en su mayoría docentes.

Siendo el mayor número de agraviadas estudiantes del nivel primario, del segundo y tercer grado, así lo reveló el defensor del pueblo en Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, quien además, dijo que de los casos presentados desde enero hasta junio en las Unidades de Gestión Educativa Local - Ugel que están en investigación, siete denuncias son de centros educativos de Chiclayo, dos de Ferreñafe e igual número pertenecen a Lambayeque.

INTERVENCIÓN. El funcionario del Estado dio a conocer que dentro de las prioridades de la institución que dirige está la intervención para proteger a los niños y niñas que son víctimas de violencia tanto física como psicológica; así como violación sexual y hostigamiento. Es por ese motivo que han solicitado información a las Ugel.

“Estamos realizando una intervención en el sector educación de nuestra región. Hay que señalar que tenemos un promedio de 336 mil 736 escolares matriculados en el 2018, de 3,530 colegios, de los cuales 226 mil 270 son de centros educativos públicos y el resto de privados”, sostuvo.

Asimismo, Hidalgo Reyes informó que habría un poco de deficiencia e incumplimiento por parte de las instituciones educativas, debido a que recién se están adecuando de forma normal al programa denominado SíSeVe, que es un sistema creado para registrar los casos de alumnos que han sido víctimas de violación sexual o cualquier otro tipo de violencia ejercida por parte del personal administrativo o profesores.

“Esta norma establece determinadas reglas que deben ser cumplidas por todo el personal de Educación. Dentro de este sistema lo que tiene que hacer el director de cada colegio es que dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho denunciado, ya sea por el estudiante o padres de familia, inmediatamente debe subirlo al SÍseVe y crear un código que luego el mismo personal de esta área va a dar el seguimiento correspondiente. También, hay un equipo en la Ugel que monitorea para tener respuesta inmediata y así proteger al niño o niña”, agregó.

El defensor del pueblo mostró que también existe un acta de incidencias que es referente a la conformación de un libro de reclamaciones.

Para ello, explicó que cuando el padre de familia acude hasta el director de cada institución educativa para denunciar cualquier acto de violencia o referente al delito contra la libertad sexual, la máxima autoridad del colegio tiene que registrarlo de inmediato en el mencionado libro.

Dijo que allí se debe de colocar el nombre de la persona denunciada que puede ser el maestro o cualquier personal administrativo que abarca hasta los vigilantes u hombres de seguridad. Seguido de la fecha en la que ocurrieron los hechos.

Siendo de los denunciados o quejados, todos han sido separados de las escuelas y están a disposición de las Ugel hasta que culmine el procedimiento, sin perjudicar la investigación penal

“Este libro es supervisado por el director de la Ugel en virtud de hacer cumplir los lineamientos de la directiva, de manera que se complementa con el SíseVe, donde ya se genera un código de actuación. Esto va a permitir que el docente de manera inmediata esté a disposición de la Ugel de Chiclayo y sea derivado a un proceso administrativo disciplinario. Mientras que al agraviado u agraviada se le debe de dar las medidas de protección. Trabajamos con las ugeles y la gerencia de Educación sobre los alcances de esta directiva, porque aún se desconoce, si existen más casos o no”, acotó.

CASOS. Por su parte, la directora de la Ugel Ferreñafe, Gloria Elizabeth Jiménez Pérez, contó que tienen 187 días de reporte en los registros en plataforma de lo que va del 2018. Para eso, cuentan con un especialista de convivencia que ha sido colocado por parte del Ministerio de Educación, pues cuentan con 355 centros educativos que abarca un promedio de 25 mil estudiantes.

La autoridad en educación expresó que las incidencias desde 2015 hasta el 2018, por tipo de violencia física tienen 34 denuncias, verbales 26, violación sexual 12 casos, psicológicas 27, a través de internet o celulares son 6, con arma de fuego 2 agraviados, víctimas de hurto 2 casos.

La también docente remarcó que las dos denuncias de violencia sexual registradas este año en su jurisdicción son de la Institución Educativa 11076 Palo Blanco y del colegio 11597 de Nuevo Progreso, ambos del distrito de Kañaris.

El último caso es investigado por el Ministerio Público de Jaén, donde los agresores serían también escolares.

“Hay dos procesos, uno en la comisión de procesos administrativos y por parte de la Fiscalía que son los que envían o no a la cárcel. Lo primero que hacemos cuando tenemos un caso es la separación de la institución educativa y luego el proceso que abarca un mes más o menos porque se tiene que hacer el reemplazo correspondiente del docente”, precisó.

Por otro lado, concretó que para tratar de prevenir o al menos detectar a tiempo cualquier tipo de violencia sexual u otros, están brindando talleres tanto a los directores como a los profesores, para que luego ellos mismos enseñen en cada escuela que dirigen.

Espera que ya no registren más casos de esa naturaleza en todos los colegios de la región, por el bien tanto del educando y de su propia familia que también resultan agraviadas.