Ordenan liberación de 47 miembros de 4 redes criminales

Situación de riesgo. En los últimos meses, más de 40 presuntos delincuentes que formaron parte de 4 organizaciones criminales en la región han sido liberados de las diferentes cárceles del país, debido a deficiencias en el sistema de justicia. En julio de este año, se ordenó la excarcelación de 7 miembros de la banda delictiva de “El Gordo Calín”, quienes son acusados por la Fiscalía de haber cometido hurtos en viviendas de Chiclayo, Trujillo y Piura, apropiándose de dinero, joyas y costosos bienes. Algunos de ellos no salieron del penal por afrontar sentencias en otros procesos.

LIBRES. Luego, en el mes de agosto, se ordenó la liberación de 4 integrantes de la red criminal “Los Wachiturros”. Se trata de extrabajadores de seguridad de la Empresa Agroindustrial Tumán que son acusados por el Ministerio Público de haber asesinado a dirigentes que se oponían al Grupo Oviedo.

Asimismo, esta semana recuperaron su libertad 17 miembros de la organización criminal “Los Sicarios del Norte”, quienes son sindicados de haber cometidos los delitos de hurto, robo, receptación, marcaje, reglaje, extorsión, sicariato y asociación ilícita. Para algunos de ellos se ha solicitado penas de cadena perpetua.

Principalmente, la Fiscalía les imputa haber robado vehículos y extorsionado a los respectivos propietarios, exigiéndoles sumas de dinero para la devolución.

Estos supuestos malhechores ahora caminan libres por las calles de Chiclayo debido a que no se les impuso una sentencia condenatoria antes que venciera el plazo del mandato judicial de prisión preventiva.

La mayoría de ellos estuvieron presos más de 30 meses, plazo en que la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque (Feccor) debió culminar la investigación, formular acusación para que sean juzgados.

Sin embargo, no fue así y al vencer la medida coercitiva de prisión preventiva el Poder Judicial dispuso la inmediata libertad de los procesados. Incluso, la Fiscalía solicitó “adecuación de la prolongación de la prisión preventiva” a la ley del crimen organizado, pero fue rechazado.

Al disponer la libertad de los investigados, la jueza Yolanda Gil Ludeña, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, responsabilizó de tal situación al Ministerio Público.

“Los imputados no deben sufrir las dificultades del Sistema de Justicia y si el representante del Ministerio Público no tuvo el tiempo, o no se adecua al tiempo que le dieron, debió con mayor celo y anterioridad, advertir estas incidencias y no esperar que culminen los plazos de prolongación de la prisión preventiva”, consta en una de las resoluciones de la magistrada.

Similar es la situación de los integrantes de la organización criminal “La Gran Familia”. La Sala Penal Nacional acaba de ordenar que 18 de ellos sean liberados por “exceso de carcelería”.

En su resolución, la Sala considera que debe declararse procedente la excarcelación solo para aquellos que fueron sentenciados - en junio de este año -a penas de 6 y 11 años de cárcel, pues “desde el 8 de diciembre del 2012, en que fueron privados de su libertad, ya se ha sobrepasado la mitad de la pena impuesta”.

La Sala considera que aún se encuentran cumpliendo mandato de prisión preventiva debido a que apelaron la sentencia que se les impuso, por ello resolvió dictar la medida de impedimento de salida del país y reglas de conducta.

POSICIÓN. “Es grave (que sean liberados) porque hemos acreditados que estas personas, durante el tiempo que estuvieron en libertad, definitivamente cometían los delitos y luego de sus capturas disminuyeron los delitos, sobre todo extorsión y robos de mototaxis en todo el distrito de José Leonardo Ortiz”, dijo el fiscal Juan Carrasco respecto a “Los Sicarios del Norte”.

Al sustentar en el Poder Judicial su requerimiento de prolongación de la prisión preventiva, indicó que se trata de una investigación compleja que requiere varias diligencias, pericias y tomas de declaraciones.