Oviedo se salva de acusaciones en base a fallo de Hinostroza

Por el momento, no pueden tocarlo. Si bien, en la víspera, la Fiscalía de Lambayeque obtuvo luz verde para solicitar cárcel contra los implicados en el caso “Los Wachiturros”, quien por el momento ha quedado fuera de su alcance es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo Picchotito.

Esto debido a que el empresario cuenta con una medida cautelar emitida en Lima, gracias a la cual quedó excluido de la investigación a cargo del fiscal Juan Carrasco Millones. Dicha resolución, sin embargo, tiene sus bases en la sentencia casatoria emitida en el 2016 a favor de Oviedo por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, uno de cuyos integrantes fue nada menos que el suspendido magistrado César Hinostroza Pariachi.

ANTECEDENTES. Durante los últimos días, mucho se ha hablado sobre las sospechas de un supuesto vínculo entre Edwin Oviedo y César Hinostroza, especialmente tras la revelación, por parte del portal IDL-Reporteros, de un audio en el que se escucha a este último hablar con el empresario Antonio Camayo.

En dicho audio, Hinostroza le pregunta a Camayo por “Edwincito”, con quien habría estado coordinando para conseguir pases para el Mundial Rusia 2018.

Ante esto, las miradas apuntaron a Edwin Oviedo, más aún tras conocerse la sentencia casatoria que luego sirvió como base para que el Primer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, en junio de este año, declarara fundada una medida cautelar que lo excluye por el momento de cualquier investigación en su contra por el caso “Wachiturros”.

Como se sabe, el despacho del fiscal Carrasco Millones sindica a Oviedo, junto a otras personas, por diversos crímenes cometidos en la azucarera Tumán. La investigación salió a la luz en el 2015 y, en abril último, se presentaron las primeras dos acusaciones. En ambas, la Fiscalía solicitaba 26 años de cárcel contra el líder de la FPF como presunto autor mediato de la muerte de dos exdirigentes sindicales de la empresa.

DESACUMULACIÓN. Para lograr acusar a Oviedo, la Fiscalía había tenido que desacumular cuatro hechos delictivos incluidos en la investigación principal, sobre los cuales las indagaciones ya estaban lo suficientemente avanzadas. Sin embargo, no contaban con que la defensa del empresario objetaría señalando que nunca se realizó una audiencia para aprobar dicha desacumulación.

Esto hizo que las acusaciones ya presentadas por la Fiscalía fueran anuladas. Pese a ello, tras varias idas y vueltas, ayer la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque terminó dando la razón a la Fiscalía, volviendo a aprobar la desacumulación de los cuatro casos y quedando el camino abierto para que Carrasco reitere sus acusaciones.

No obstante, como ya se mencionó, Edwin Oviedo no podrá ser incluido mientras siga vigente la medida cautelar que lo excluye de las investigaciones, la misma que se basa en la sentencia casatoria N° 326-2016, que desde entonces ha servido a la defensa de Oviedo para insistir con que la Fiscalía precise las imputaciones contra su patrocinado.

De hecho, el mismo Colegiado, en su resolución, menciona que “no emitirá pronunciamiento respecto del investigado Oviedo Picchotito, por cuanto ha sido notificado” sobre la resolución emitida en Lima por la jueza Amanda Magallanes Carbajal, que declara fundada la medida cautelar que favorece al empresario.

FISCAL. En conversación con Correo, el fiscal provincial Juan Carrasco Millones, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Feccor), cuestionó que, en más de una investigación emblemática de la región, los obstáculos para continuar con el proceso se presenten a nivel de las altas esferas del sistema judicial. Recordó, así, el caso de “Los Limpios de la Corrupción”, donde incluso se llegó a involucrar a integrantes de instituciones como el Tribunal Constitucional o el Jurado Nacional de Elecciones.

En cuanto a “Los Wachiturros”, Carrasco recordó que, hasta la fecha, ha tenido 12 quejas y 3 denuncias por el caso, además de 5 pedidos de exclusión de la investigación, dos de ellas presentadas por los congresistas Javier Velásquez Quesquén y Héctor Becerril Rodríguez, contra quienes también se abrió una investigación relacionada con la empresa Tumán.

Mencionó que, en su momento, recibió una amonestación que fue vista en segunda instancia por el también cuestionado fiscal supremo de Control Interno, Víctor Rodríguez Monteza. La resolución que confirmó dicha amonestación, según precisó Carrasco, fue firmada por el fiscal adjunto supremo, ya que Víctor Rodríguez se hallaba por entonces de vacaciones.

“También tiene otras investigaciones contra mi persona, como en el caso de Jorge Incháustegui Samamé (investigado en “Los Limpios”), pero un fiscal supremo no puede investigar a un fiscal provincial, solo lo puede hacer un fiscal superior”, indicó Juan Carrasco.

DEFENSA. Consultado el respecto, el abogado de Edwin Oviedo, José Carlos Isla Montaño, indicó que, en efecto, mientras la medida cautelar a favor de su patrocinado surta efecto, este no podrá ser incluido en cualquier acusación de la Fiscalía. Asimismo, negó que la sentencia casatoria del 2016 pueda ser cuestionada por tener la aprobación de Hinostroza.

“La casación constituye una decisión válida dictada bajo lo alcances de un debido proceso, en audiencia pública, luego de un amplio debate, aprobada por unanimidad y con dos años de anterioridad. (...) La sentencia casatoria da las primeras pautas para el amparo, es válida y no hay forma de que sea cuestionada”, aseguró Isla, precisando que la Sala Suprema, por entonces, no estaba presidida por César Hinostroza y que el ponente, por entonces, fue el magistrado Josué Pariona Pastrana. Cabe mencionar que, en su momento, la FPF emitió un comunicado negando cualquier vínculo entre Oviedo y César Hinostroza Pariachi.