Piden cárcel para primer regidor de Olmos

Distrito a la deriva. Habiendo sido encarcelado el exalcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, y encontrándose no habido el actual alcalde Adrián Arroyo Soplopuco, el llamado a reemplazarlos es Javier Roque Antón, actual primer regidor en la lista del Concejo; no obstante, su permanencia tampoco es segura.

Resulta que Roque Antón enfrenta dos juicios por haber cometido presuntos actos de corrupción cuando trabajó como jefe de Planificación y Presupuesto de la municipalidad olmana, durante los años 2011 – 2014.

El actual concejal fue de los funcionarios de confianza de Willy Serrato y junto a él ha sido acusado como autor del delito de colusión en dos procesos penales. El Ministerio Público pide que sea sentenciado – en ambos casos – a 5 y 6 años de pena privativa de libertad.

JUICIO UNO

Lo que es peor, los servicios nunca se habrían realizado pese a que fueron cancelados oportunamente, lo que causó un perjuicio económico de más de medio millón de soles al municipio.

El caso está comprendido en la carpeta N° 465 – 2014 donde la fiscal Kerstin Rivera Herrera ha planteado la pena de 6 años de cárcel para Willy Serrato, Javier Roque y otros exfuncionarios. Además, solicita el pago de 300,000 soles por concepto de reparación civil.

Durante la investigación, Roque decidió declarar en la Fiscalía para defender su inocencia, afirmando que “ en su calidad de exjefe de Presupuesto de la MDO, no veía contratos, ni adquisiciones, solamente le llegaba la solicitud de requerimiento de las áreas usuarias para la certificación presupuestal”.

Asimismo, dijo que “no les consta si los proveedores realmente prestaban el servicio, porque esa era función del área de abastecimiento, que no era su función contratar, sino emitir la certificación presupuestal y si había, se afectaba la partida de presupuesto”.

Incluso, sostuvo ante la fiscal del caso “que no se necesitaba estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores cuando las compras no sobrepasaban los 3 Unidades Impositivas Tributarias”.

JUICIO DOS

Por favorecer a dicha compañía, “negando la oportunidad de concursar a otros postores”, la Fiscalía acusa a Willy Serrato y a Javier Roque como autores del delito de colusión y pide que sean condenados a 5 años de cárcel. Además, solicita el pago de 50,000 soles de reparación civil.

En este caso, Roque también defendió su inocencia en la Fiscalía, declarando que dicha compra se realizó porque el Pleno del Concejo declaró en emergencia el distrito y declaró el desabastecimiento inminente de la maquinaria. Esto, afectaba a la población debido a la acumulación de basura en las calles y se necesitaba con urgencia la maquinaria.

Durante la emergencia, también se compró de manera directa una camioneta; pero Javier Roque, como tercer miembro del Comité de Selección, dijo que no emitió ningún informe para justificar dichas "compras por exoneración de procesos". Incluso, declaró que por orden del exgerente municipal, Ulises Mendoza Dávila, el Comité procedió a elaborar los expedientes para realizar las adquisiciones.

“El imputado señaló que desconoce si se han efectuado invitaciones a otras empresas para que participen en las contrataciones por exoneración de procesos, y que no ha recibido ninguna dádiva de los representantes de las empresas a quienes adquirió los bienes y servicios”, consta en la acusación fiscal comprendida en la carpeta N° 343 - 2011.

INCERTIDUMBRE

La reunión inicialmente estuvo programada para debatir la suspensión del alcalde Adrián Arroyo Soplopuco, quien se encuentra no habido; y en su reemplazo encargar la alcaldía al segundo regidor Javier Roque Antón; sin embargo no se pudo tomar dicha decisión.

Durante la sesión, el secretario general de la comuna señaló que el procedimiento legal que corresponde al haberse dictado mandato de prisión preventiva contra el alcalde es su suspensión, "pero para ello debemos tener la resolución emitida por el Poder Judicial".

Sobre el particular, el procurador municipal informó que se apersonó al Juzgado Anticorrupción para solicitar copias del fallo; pero al encontrarse en huelga los trabajadores del Poder Judicial, le informaron que era imposible, al menos en una o dos semanas, responder su solicitud.

Además, es preciso señalar que durante la reunión, algunos pobladores expresaron su preocupación de que en dos o tres meses, "nuevamente tengamos el mismo problema de un alcalde detenido, suspendido o prófugo".

Incluso, hubo momentos de tensión porque los funcionarios informaron que algunos proveedores están reclamando sus pagos.