Escrito por: Oswaldo Cabrera

Lo quieren preso. La Fiscalía Anticorrupción solicitó al Poder Judicial que revoque la sentencia suspendida que se le impuso al congresista, Humberto Acuña Peralta, por una pena efectiva de cárcel, debido a que habría incumplido las reglas de conducta fijadas en la sentencia por cohecho activo genérico.

El requerimiento ha sido presentado por la fiscal Ana Zegarra Azula, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien aduce que el parlamentario de Alianza Para el Progreso no ha resarcido el daño causado al Estado pagando la reparación civil que se le impuso al ser condenado.

El mismo proceder solicita la fiscal contra Elver Díaz Bravo, cuñado de Humberto Acuña. Ambos fueron sentenciados por sobornar al policía anticorrupción, Joel Ugaz Cubas, con la entrega de una coima a cambio de que favorezca al entonces gobernador regional de Lambayeque en una investigación-

“Habiéndose sobrepasado en demasía el plazo otorgado en la sentencia, sin que los sentenciados cumplan hasta la fecha con cancelar los montos equivalentes a los días multa y a la reparación civil; se requiere a su Despacho que se procedan hacer efectivos los apercibimientos dispuestos; y en consecuencia, se revoque la pena privativa de libertad de carácter suspendida”, se lee en la solicitud de la fiscal.

Como se recuerda, el pasado 20 de noviembre de 2019, el juez Reynaldo Leonardo Carrillo, del Juzgado Anticorrupción de Lambayeque sentenció a Humberto Acuña y Elver Díaz, a 3 y 4 años de cárcel respectivamente, más el pago solidario (entre ambos) de 30,000 soles de reparación civil.

También incluyó en la sentencia el pago de días multa equivalentes a S/ 68 mil para Acuña y S/83 mil para Díaz. En segunda instancia, el 2 de setiembre de este año, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Chiclayo confirmó la sentencia.

No obstante, Alex Ganosa Céspedes, abogado de Acuña, aseguró que su patrocinado sí ha cancelado la reparación civil y los días multa, por consiguiente el pedido de la Fiscalía deberá ser declarado infundado, caso contrario sería un acto arbitrario.

“La Sala ordenó que se pague en 10 días y posiblemente la fiscal no ha tomado conocimiento. Nosotros tenemos los comprobantes judiciales, lo hemos adjuntado al escrito que se ha presentado a la Sala. Posteriormente se ha pagado la reparación civil”, manifestó.

El letrado precisó que en Lima, el abogado César Nakasaki interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema; pero aún no se define si es admitida. Al no haber sido consentida la sentencia, la defensa de Acuña alega que la pena de inhabilitación para ejercer cargo público no puede ser ejecutada.