Deudas con la justicia. La Procuraduría Anticorrupción solicitó que el expresidente de la Federación Peruana Fútbol (FPF), Edwin Oviedo Picchotito, pague 10 millones de soles por concepto de reparación civil, en el proceso judicial que enfrenta por sus vínculos con la red criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

El requerimiento fue sustentado ayer en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional por la procuradora adjunta Yudith Villegas Espinoza, quien sostuvo que el encarcelado empresario tendría que pagar dicha suma de manera solidaria con el abogado José Carlos Isla Montaño, exdirector de la FPF.

PEDIDO La Procuraduría solicitó constituirse como actor civil, para asumir la defensa del Estado, en el citado caso donde a Edwin Oviedo se le atribuye ser el presunto financista de “Los Cuellos Blancos del Puerto”; motivo por el cual planteó el monto indemnizatorio de 10 millones por el daño extrapatrimonial que habría causado el exdirigente deportivo.

“Hay un grado de afectación grave porque estamos hablando de fiscales y jueces supremos que habrían sido sobornados con entradas a partidos de fútbol de la selección peruana para las eliminatorias y el Mundial de Rusia. Se ha ocasionado la pérdida de confianza de la población respecto a esta entidad que tiene por finalidad buscar la justicia y no el beneficio particular”, manifestó.

La abogada del Estado amparó su pedido en la formalización de investigación preparatoria que la fiscal Rocío Sánchez, de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada del Callao, emitió el 24 de enero del presente año.

En dicho escrito la fiscal sostiene que Edwin Oviedo se habría valido de su cargo de presidente de la FPF para entregar beneficios económicos y entradas a los partidos de fútbol de Perú al exjuez supremo César Hinostroza, líder de “Los Cuellos Blancos”.

Justamente, en estos hechos habría tenido participación el abogado José Carlos Isla, pues habría sido el nexo entre Edwin Oviedo y César Hinostroza, a fin de que el primero resulte favorecido en procesos judiciales por asesinatos en el distrito de Tumán.

“A través de este mecanismo buscó extender la citada organización criminal hacia magistrados, políticos y otros funcionarios de alto nivel que le permita mantener la hegemonía y control dentro de esta red criminal”, acotó.

La procuradora también planteó la suma de 50,000 soles de reparación civil por el delito de cohecho activo genérico contra Oviedo e Isla. La misma suma propuso para el investigado Alberto Chang Romero.

A este último se le imputa haber facilitado su cuenta bancaria para que se haga efectiva la compra de 8 entradas por cada partido de Perú en el mundial de Rusia.

PRISIÓN Cabe indicar que por estos hechos, la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para Edwin Oviedo y demás imputados; sin embargo el Poder Judicial dispuso que sea investigado en libertad, previo pago de una caución de 200,000 soles, debido a que no se acreditó el peligro de fuga y obstaculización a la investigación.

Sin embargo, actualmente Oviedo Picchotito se encuentra preso en el penal de Chiclayo, cumpliendo mandato de prisión preventiva, debido a que habría ordenado el asesinato de dos dirigentes de la Empresa Agroindustrial Tumán (EAT).

Precisamente, ayer también se realizó una audiencia en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, donde el abogado César Nakasaki sustentó el recurso de casación con el cual impugnó la medida coercitiva.

El letrado solicitó que se declare nula la resolución de prisión preventiva y se ordene la inmediata excarcelación de su patrocinado.

Específicamente, Nakasaki trató de convencer a los jueces supremos que el fiscal Juan Carrasco Millones, de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, solicitó la prisión preventiva de su patrocinado de manera irregular, pues el caso había sido desacumulado en cuatro carpetas distintas.

Asimismo, sostiene que se debe realizar un control de legalidad a las declaraciones del colaborador eficaz, con las cuales el fiscal sustentó la sospecha grave contra su patrocinado.

“Antes se trasladaba la información del testigo colaborador con el acta completa, ahora es un pequeño resumen que hace el fiscal. Nunca se notificó, y mi patrocinado se enteró de su existencia en el requerimiento de prisión preventiva”, aseveró.