Programan audiencia contra gobernador encargado de Lambayeque

Cuenta regresiva. El Poder Judicial programó para el próximo 19 de mayo, la audiencia de prisión preventiva contra el gobernador encargado, Luis Díaz Bravo, quien es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio.

En dicha fecha, la fiscal Karim Ninaquispe Gil, de la Fiscalía Anticorrupción de Chiclayo, deberá sustentar los elementos de convicción que acrediten la supuesta participación del exregidor del distrito de La Victoria, en actos ilícitos.

Hechos

Uno de los medios de prueba con los que cuenta la fiscal, es la declaración del aspirante a colaborador eficaz N° 01-2018-2020, quien asegura que Díaz Bravo recibió una coima de 45,000 soles del contratista Víctor Gonzales Fernández, representante del consorcio Chinchaysuyo.

Los hechos descritos por el testigo habrían ocurrido a mediados del 2018, cuando el exalcalde de La Victoria, Anselmo Lozano, solicitó licencia para postular en las Elecciones Regionales al cargo de gobernador, asumiendo la alcaldía en su reemplazo, Leoncio Paucar Merino y como teniente alcalde Luis Díaz Bravo.

El testigo señala que el empresario entregó la suma de 70,000 soles al funcionario Dick Silva Ravines por inmediaciones de la Vía de Evitamiento, a cambio de ser favorecido con el contrato de una millonaria obra.

Este último - según el colaborador eficaz - repartió la coima, entregándole al entonces teniente alcalde, Luis Díaz Bravo, la suma de 45,000 soles (en los exteriores de una panadería ubicada en la avenida Miguel Grau), y 25,000 soles a Leoncio Paucar.

Estos hechos, han sido refutados por la defensa Díaz Bravo, pues el testigo no señaló la fecha exacta en la que este habría recibido la dádiva. Además, la buena pro de la obra fue concedida al contratista cuando el aludido ya había renunciado.

“Mi patrocinado solicitó licencia sin goce de haber en razón a que iba a postular al Gobierno regional en calidad de vicegobernador y le fue concedida el 1 de junio de 2018, es decir un mes antes de que se otorgue la buena pro de la obra. Entonces resulta ilógico que haya solicitado dinero al consorcio ya no perteneciendo a la municipalidad”, señaló el abogado Tito Esteves Torres.

La fiscal a cargo del caso, sostiene que la pena que le esperaría a Díaz Bravo es de 14 años de cárcel, por lo que existe peligro se fuga. Sobre todo, porque el día que se ordenó su detención preliminar, no fue hallado en su vivienda, incluso huyó de madrugada, según informó el guardián del condominio.